Morena: del “abrazos, no balazos” al expediente criminal
Durante años, Morena aseguró que hablar de un “narcoestado” era propaganda de la oposición. Todo era “guerra sucia”, exageración o ataques de los conservadores. El problema es que la realidad terminó llegando… y llegó desde una corte federal de Nueva York.
En abril, la Fiscalía estadounidense acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a varios de sus colaboradores de haber puesto estructuras del gobierno estatal y del ayuntamiento de Culiacán al servicio de “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Entre los señalados apareció su exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, acusado de recibir sobornos mensuales para proteger laboratorios clandestinos, filtrar operativos y perseguir únicamente a grupos rivales.
El 11 de mayo, Mérida fue detenido al cruzar por Nogales, Arizona, y enviado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Sí, el mismo donde han estado Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada. Vaya destino para quien supuestamente debía combatir al crimen organizado.
La acusación es demoledora: según fiscales estadounidenses, el exsecretario avisaba con anticipación a Los Chapitos sobre operativos, permitiéndoles mover droga y equipo antes de las redadas. Ya no se trata de rumores ni de “percepciones”. Se trata de un exjefe policiaco estatal señalado formalmente por colaborar con un cártel.
Y mientras todo esto ocurre, en México la reacción oficial parece sacada de un manual de control de daños: negar, minimizar y victimizarse. El gobierno habla de soberanía y de “falta de pruebas suficientes”, pero evita responder preguntas elementales: ¿quién nombró a estos funcionarios?, ¿quién los protegió?, ¿quién ignoró durante años sus vínculos y fortunas inexplicables?
Como si eso no bastara, en Estados Unidos también avanza otra investigación explosiva: la del huachicol fiscal. Reportes periodísticos basados en expedientes radicados en Texas señalan al exsecretario de Gobernación y hoy senador Adán Augusto López como presunta cabeza de una red de contrabando y lavado ligada al mercado ilegal de combustibles. Según esas indagatorias, la estructura involucraría gobernadores, empresarios, operadores políticos y hasta mandos navales vinculados con empresas fantasma y aduanas utilizadas para blanquear millones de pesos.
La fotografía que empieza a construirse en Washington es devastadora: Rocha Moya como símbolo de la conexión política con el narcotráfico y Adán Augusto como pieza clave de una red de corrupción sistémica. Mientras tanto, Morena insiste en que todo es persecución política. Curioso. Cuando las acusaciones eran contra gobiernos anteriores, bastaban filtraciones o videos para dictar sentencia moral. Hoy exigen pruebas casi imposibles.
Todo esto ocurre, además, sobre el fondo de la política de “abrazos, no balazos”, defendida durante seis años mientras López Obrador saludaba a la madre del Chapo en Badiraguato y descalificaba las denuncias sobre la penetración criminal en la política. Hoy, con exfuncionarios presos y gobernadores bajo sospecha internacional, aquellas imágenes ya no parecen gestos de humanidad. Parecen otra cosa.
El problema no es que Estados Unidos investigue. El verdadero problema es que México no quiso hacerlo. Porque si aquí existieran instituciones capaces de investigar con autonomía a gobernadores y dirigentes partidistas, hoy no serían fiscales extranjeros quienes estarían exhibiendo lo que el oficialismo decidió ignorar.
La pregunta ya no es si la imagen internacional de México quedó dañada. La verdadera pregunta es mucho más grave: ¿la llamada Cuarta Transformación fue realmente un proyecto anticorrupción… o el relevo político de una nueva élite asociada al crimen organizado?
