COLUMNA DE EL COLEGIO DE ECONOMISTAS
Por: Mauro Alvarado Granados
Adquisiciones Publicas ¿en riesgo? Una mirada al desempeño gubernamental de la transformación
En México las adquisiciones públicas, son procesos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Son los cuales mediante el gobierno ejerce su gasto gubernamental que se traduce en compra de insumos, gasto en infraestructura, entre otros rubros.
Para ejercer correctamente el gasto público, existe una serie de mecanismos de los cuales se deslinda la LAASSP (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público) dentro de la cual regula la manera en que los procesos de compra son ejecutados, los cuales se encuentra la Licitación Pública, Invitación a 3 participantes o restringida y Adjudicación Directa.
En las democracias establecidas se da prioridad a la licitación pública, ya que es el método en el cual se abre al mercado y los licitantes exponen sus ofertas económicas dando prioridad al libre mercado, los mecanismos restantes solo se utilizan cuando la demanda del servicio es especializada, cuando solo pocos proveedores pueden proveer dicho bien, o solo sea en caso de seguridad nacional , como en el caso de adjudicación directa, el cual se asigna sin someterse a una competencia libre , por el carácter que conlleva.
Según información del Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad. Entre los años 2018 y 2024 se destinaron 2.6 billones de pesos en procesos de compra por parte del sector público, en condiciones de libre mercado el proceso ideal es la licitación pública, en México a partir de 2020 se ha identificado que el 90 % de los procesos son por adjudicación directa, es decir que no son sometidos a un proceso de mercado y son asignados a los particulares.
Las compras públicas es un sector vulnerable a los casos de corrupción debido al poder económico que se concentra, diseñando proceso de adjudicación sin reglas claras o procesos de licitación a modo.
Según datos del IMCO en diciembre de 2024 se reportaron más de 150 mil millones de pesos en procesos de adjudicación directa e invitaciones restringidas, las cuales por carácter del proceso la información del proceso es clasificada, es decir que queda oculta de la población, a su vez se mantiene la tendencia de contratar empresas de reciente creación (con un año de ser constituidas)
La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SAGB) en su informe de labores entregado al poder legislativo, la revisión llevada a cabo por 64 testigos sociales registrados por el actual gobierno del 01 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2025, arrojaron 369 resoluciones en materia de supervisión de obras públicas y compras de las cuales 164 (44.4%) fueron de carácter sancionatorio., la cuales 51 fueron con multa y 113 con multa e inhabilitación.
Un ejemplo fue la compra consolidada de medicamentos para los ejercicios 2025 -2026 la cual se declaró en estatus de nulidad por acreditarse una serie de irregularidades en los procesos de contratación fincando un evento sin precedente.
La nueva ley publicada en el pasado mes de abril de 2025 busca tomar control y poner filtros para evitar la corrupción dentro de los procesos, un cambio acertado es generar responsabilidades administrativas a quienes ejerzan los recursos públicos, es una medida positiva, sin embargo, es solo el primer avance para poder eficientar los procesos de contratación.
México enfrenta desafíos a considerar, la escala de la corrupción en las instituciones públicas, la transformación, no debe quedar solo en el discurso, debe implementarse mecanismos que protejan las instituciones públicas y el manejo de los recursos.
En democracias funcionales la confianza y la aceptación son efectos de un control de los recursos y procesos trasparentes que elevan la confianza en los ejecutores del gasto, ya que la ciudadanía se entera de como ejercer los recursos y esos a su vez cumplen la función de solventar las necesidades de la población, las cuales están en función de la seguridad, educación y un modo digno de vivir.
El camino es largo, pero a su vez claro, a mayor trasparencia de recursos mayor confianza y con ello control de los recursos públicos mediante los mecanismos de adquisiciones públicas.
