Del “narcopartido” como discurso político a expedientes abiertos: lo que hoy acorrala a Morena
“Hasta me multaron por llamar narcopartido a Morena. Hoy el tiempo me dio la razón”, escribió Xóchitl Gálvez Ruiz en sus redes sociales. La frase, que en su momento fue vista como un exceso, hoy se refleja en acusaciones formales, detenciones y expedientes abiertos.
El caso más reciente es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante de Morena, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En la misma investigación aparecen el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, en total nueve funcionarios más. Se trata de una acusación internacional que, aunque no ha derivado en detenciones en México, elevó el nivel del debate político y judicial.
Hay que recordar que en febrero de 2026, el entonces alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido y vinculado a proceso por secuestro y tortura de dos aspirantes de su propio partido. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el caso también lo relaciona con operaciones del crimen organizado en la región.
En Chiapas, el alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, también fue detenido en 2026 por presuntos actos de corrupción y vínculos con grupos delictivos.
A esto se suma el antecedente del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, detenido en 2025 y acusado de delincuencia organizada por presuntamente encabezar un grupo criminal.
A nivel local hay detenciones, procesos judiciales y expedientes abiertos, mientras que el caso de Sinaloa se mantiene en el ámbito internacional y, sin duda, tiene y tendrá efectos políticos.
Y al final, incluso cuando no hay crimen organizado de por medio, los casos de corrupción siguen apareciendo.
Aquí en Coahuila está el caso de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. No es un caso de narcotráfico, pero sí forma parte del mismo problema que Morena prometió erradicar: el uso indebido del poder.
Estos personajes han estado o están en posiciones de poder, gobernando o legislando, lo que vuelve la situación más delicada.
Las consecuencias pueden ser históricas: cargos por narcotráfico, conspiración y uso de armas, con penas que podrían llegar a cadena perpetua en Estados Unidos.
Y, sin embargo, en México no hay detenidos en ese caso. La presidenta ha pedido pruebas y el gobierno federal sostiene que no actuará sin evidencia contundente, lo que ha abierto un debate entre soberanía y justicia.
Sin embargo, no se puede negar que desde 2018 distintos perfiles ligados a Morena han sido detenidos, procesados o investigados por delitos que van desde corrupción hasta vínculos con el crimen organizado. No es solo discurso político: hay expedientes.
Alcaldes han sido detenidos por secuestro, extorsión o vínculos con grupos criminales; funcionarios de seguridad han enfrentado procesos por delincuencia organizada; y exautoridades municipales han sido vinculadas a proceso por abuso de funciones. El patrón se repite: poder local, falta de control y, en algunos casos, nexos con organizaciones delictivas.
El problema de fondo no es que existan acusaciones ñ, eso ocurre en todos los partidos, sino la contradicción. Morena llegó al poder con la bandera de combatir la corrupción del pasado, señalando a sus adversarios como parte de una “narcopolítica”. Hoy, los señalamientos alcanzan a su propia estructura.
El caso de Rocha Moya incluso ha generado tensión entre México y Estados Unidos. Mientras allá se habla de acciones judiciales, en México se cuestiona la falta de pruebas y la posible motivación política de la acusación.
Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿qué pasa cuando las acusaciones dejan de ser discurso y se convierten en expedientes, incluso a nivel internacional?
