El excanciller admitió que su hijo vivió seis meses en la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido, haciendo uso de instalaciones, servicios y recursos públicos sin contar con cargo, comisión o función oficial que justificara su estancia
Ciudad de México.- El diputado federal del Grupo Parlamentario del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso indebido de recursos públicos y de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido.
La denuncia se dirige en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; de la ex embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena; así como de otras personas que pudieran resultar responsables, por hechos que podrían constituir delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento.
De acuerdo con la información presentada, el hijo del entonces canciller habría habitado la residencia oficial diplomática durante aproximadamente seis meses, haciendo uso de instalaciones, servicios y recursos públicos sin contar con cargo, comisión o función oficial que justificara su estancia.
El legislador subrayó que la denuncia busca que las autoridades investiguen a fondo la posible utilización indebida de un inmueble destinado a funciones diplomáticas, así como el uso de recursos públicos asociados a su operación.
“No se trata de señalamientos políticos, se trata de legalidad. Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias”, afirmó.
Asimismo, se solicitó a la Fiscalía la realización de diversas diligencias, entre ellas la comparecencia de las personas señaladas, el requerimiento de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Reino Unido, así como la obtención de registros, bitácoras y documentación administrativa que permitan esclarecer los hechos.
De manera paralela, el PAN también presentó una denuncia por posibles faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por conductas como abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
“Debe investigarse quién autorizó, quién permitió y quién se benefició. En el servicio público no hay espacio para privilegios personales”, enfatizó.
Finalmente, el diputado recordó que fue precisamente el 21 de octubre, durante la comparecencia del entonces canciller ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno — cuyo propósito es el análisis del estado que guarda la administración pública federal —, cuando se le formularon diversos cuestionamientos que, hasta la fecha, permanecen sin respuesta, a pesar del compromiso asumido por Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía. (El Heraldo de Saltillo)
