Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
El Plan de Guadalupe: Desmontando el Mito
Por: Mtro. Jesús Javier González Alcázar
El Plan de Guadalupe, proclamado el 26 de marzo de 1913, fue un acto fundacional para restaurar el orden constitucional en México tras el golpe de Estado de Victoriano Huerta y la usurpación de la Presidencia de la República… Eso nos cuentan…
La historia suele contarse así, romántica, cómoda, como una sucesión de ideales, como una lucha entre héroes y villanos de novela. Sin embargo, es necesario mirarla con una lupa revisionista que permita entenderla como lo que realmente es, una serie de decisiones tomadas en contextos complejos, marcados por agendas propias de los actores y por la incertidumbre.
1913 no es un año en que México defendió el orden institucional, es un año en que la legalidad dejó de existir. El asesinato de Francisco I. Madero no solo derrocó a un presidente espiritista cuyas capacidades generaban más dudas que certezas y con más buenas intenciones que talento político, fue un acto que acabó por destruir la frágil idea de que el poder podía estar limitado por reglas, a partir de ese momento, el país no entró en una disputa ideológica, sino en algo más elemental, una lucha por redefinir las condiciones bajo las cuales el poder podía ejercerse; una guerra civil.
En ese vacío emerge la figura de Venustiano Carranza con el Plan de Guadalupe. La narrativa oficial lo pintó como un acto de reivindicación constitucional frente a la usurpación de Victoriano Huerta, sin embargo, visto desde la perspectiva de la historia económica, se trató de una respuesta estratégica ante la ruptura del efímero orden institucional post porfirista.
James Buchanan y Gordon Tullock lo advierten, en política como en economía, se opera sobre incentivos, los actores públicos no son guardianes del interés general, son individuos que responden a cálculos racionales, buscan maximizar su beneficio, son buscadores de rentas. En 1913, aceptar el gobierno de Victoriano Huerta implicaba algo más que obediencia, implicaba aceptar la institucionalización de la ley del más fuerte como mecanismo de acceso al poder público.
El Plan de Guadalupe no fue un gesto heroico, no fue un proyecto de nación, fue algo mucho más básico, fue una decisión de racionalidad limitada (como lo diría Herbert Simon) en un entorno de alternativas costosas, información incompleta y capacidades restringidas. En 1913, nadie podía anticipar la duración, el costo ni el desenlace del conflicto. Rebelarse significaba la guerra, pero no hacerlo implicaba normalizar que la fuerza militar supliera el arreglo institucional donde no habría reglas fiables y sostenibles.
El propio Plan encierra una paradoja, ya que se limita a desconocer a Huerta y recuperar el control del Estado, pero, para una facción, no tiene una propuesta de nación, no tiene una propuesta económica, no tiene una agenda social, es un documento que se resume en “quítate tú, para ponerme yo” , concentrado el poder bajo la figura del “Primer Jefe de la Revolución”, busca reconstruir el orden desde la concentración del poder, no desde el equilibrio.
Esa aparente pobreza conceptual responde a que en contextos de incertidumbre, no se construyen grandes proyectos, se reduce el problema a lo inmediato, primero restablecer el orden y después ya veremos.
La paradoja es que para restaurar el orden institucional, Carranza se convierte de facto en la única institución posible, el máximo caudillo. Lo señalan Acemoglu y Robinson, las naciones fracasan por instituciones extractivas, y el México de 1913 era una fábrica de ellas, el problema no fue únicamente Victoriano Huerta, fue un arreglo institucional incapaz de impedir su ascenso, Huerta fue el síntoma de un deficiente diseño institucional y el Plan de Guadalupe no representa una ruptura total con esa lógica, no eliminó la fragilidad institucional, la reconfiguró dentro de la misma lógica de instituciones extractivas, intercambió actores, redefinió incentivos, pero no resolvió el problema de fondo, se siguió con la Convención de Aguascalientes, el caudillismo y los asesinatos políticos en cascada.
La lección sigue ahí, aunque nos duela, las instituciones no se sostienen con discursos, sino por incentivos claros y cuando los incentivos fallan, lo que emerge no es heroísmo, es cálculo. A más de un siglo de distancia, conviene mirar este episodio de nuestra historia sin romanticismos, no se trata de negar su trascendencia, sino de entenderlo mejor. La historia, cuando se revisa pierde su épica, pero gana explicación, el Plan fue un instrumento de transición, una respuesta estratégica de en un entorno incierto para reconfigurar los incentivos de poder tras la ruptura constitucional.
Cierro con una invitación a la sospecha. Me encuentro impulsando un nuevo proyecto de divulgación de historia económica desde una perspectiva revisionista, incluso nihilista frente a los mitos que nos han sido heredados. El enfoque no es la negación per se, sino el escepticismo como método y la ciencia política como herramienta. La intención no es desacreditar el pasado, sino someterlo a una lectura más rigurosa, menos complaciente, porque la historia que no se cuestiona, deja de explicar y empieza a justificar.
