Instituciones o caudillos: la democracia se defiende con límites al poder
La democracia no nació para facilitar el ejercicio del poder personal, sino para limitarlo. Surgió como una respuesta histórica frente a las monarquías absolutas y, en tiempos más recientes, frente a las dictaduras modernas que concentran decisiones, anulan contrapesos y subordinan las instituciones a la voluntad de un solo grupo o líder. Por eso, el debate sobre la reforma electoral de Morena debe entenderse desde esta distinción fundamental: poder institucional o poder personal.
Las democracias sólidas se sostienen sobre instituciones fuertes, reglas claras y equilibrios efectivos. Cuando esas instituciones se debilitan deliberadamente, el poder deja de estar al servicio de la ciudadanía y comienza a servir a intereses particulares. Eso es exactamente lo que preocupa de la reforma propuesta: no busca perfeccionar al sistema electoral, sino someterlo.
Controlar al árbitro electoral equivale a controlar el resultado. Debilitar al INE no ahorra recursos; cuesta democracia. La historia lo demuestra con claridad: cuando el gobierno organiza las elecciones y, al mismo tiempo, compite en ellas, el voto deja de ser plenamente libre. México ya superó esa etapa y no puede permitirse regresar a ella bajo el disfraz de una supuesta reforma.
Más grave aún es el mensaje implícito que envía la reducción del financiamiento público sin fortalecer los mecanismos de fiscalización. No se trata de defender el dinero público por sí mismo, sino de defender los controles. El financiamiento regulado existe para evitar que el dinero ilegal capture la política. Reducirlo sin cerrar otras puertas equivale a normalizar la entrada de recursos ilícitos, un riesgo que ha sido ampliamente documentado y señalado por Acción Nacional.
Las dictaduras modernas no siempre llegan con tanques ni golpes de Estado. Muchas se construyen desde la ley, poco a poco, debilitando contrapesos, concentrando funciones y desdibujando la autonomía institucional. Así ocurrió en otros países, y ese precedente no puede ignorarse. Por eso, llamar a la pretendida reforma “Ley Maduro” no es una exageración retórica, sino una advertencia basada en experiencias reales: la democracia no se destruye de un día para otro, se vacía gradualmente.
Por eso, el voto en contra de esta reforma es una decisión institucional, no personal. No se vota contra un gobierno, sino a favor del Estado de derecho. No se vota contra una persona, sino a favor de reglas que protejan a todos, incluso a quienes hoy gobiernan. La democracia no necesita caudillos; necesita instituciones. Y cuando hay que elegir entre poder personal e instituciones, Acción Nacional lo tiene claro: sin instituciones no hay democracia, y sin democracia no hay libertad.
