La reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), impulsada por Morena, ha encendido un acalorado debate entre diversos sectores de la sociedad mexicana. Aprobada en el Senado, esta iniciativa plantea cambios que prometen mejorar el acceso a la vivienda social, pero también despiertan serias preocupaciones sobre el uso de los ahorros de los trabajadores.
Como abogado y defensor de los derechos sociales, considero que este tipo de reformas deben ser evaluadas con extrema cautela, especialmente cuando involucran los recursos que millones de mexicanos han destinado para construir su futuro.
¿De qué trata la reforma?
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la facultad que otorga al INFONAVIT para convertirse en constructor y arrendador de viviendas sociales. Esto incluye la creación de una filial que, aunque supervisada por el instituto, no será considerada una entidad paraestatal. Además, se implementará un esquema de arrendamiento con opción a compra, donde los trabajadores podrán rentar viviendas por un periodo de 10 años antes de adquirirlas.
A primera vista, estas medidas parecen positivas. Sin embargo, al analizar los detalles, surgen preguntas fundamentales: ¿cómo se financiarán estos proyectos? ¿Qué garantías tienen los trabajadores de que sus ahorros no serán utilizados de manera discrecional?
El verdadero riesgo para los trabajadores
El ahorro de los trabajadores es el pilar sobre el cual opera el INFONAVIT. No obstante, con esta reforma, existe el temor de que estos recursos se desvíen para cubrir déficits presupuestales o financiar megaproyectos sin un retorno claro. En lugar de garantizar la seguridad económica de los mexicanos, se corre el riesgo de comprometerla.
Además, los cambios en la estructura de gobierno del INFONAVIT, que otorgan al Ejecutivo federal mayor control, representan una amenaza al equilibrio tripartito tradicional entre gobierno, trabajadores y empresarios. Este modelo, que ha sido una salvaguarda para la transparencia y equidad en la administración del instituto, podría verse debilitado.
Nuestra postura: una vivienda digna sin comprometer el futuro
Desde mi experiencia en el ámbito jurídico y político, estoy convencido de que México necesita una verdadera política de vivienda social que priorice la dignidad, accesibilidad y seguridad de las familias. Sin embargo, esto no puede lograrse a costa del ahorro de los trabajadores ni con medidas que generen incertidumbre.
Es fundamental que la Cámara de Diputados revise minuciosamente esta reforma, atendiendo las inquietudes de los sectores sociales y laborales. La vivienda es un derecho, pero también lo es la protección de los recursos que con tanto esfuerzo han construido los mexicanos.
No podemos permitir que decisiones apresuradas o de carácter político pongan en peligro el patrimonio de las familias. Es momento de exigir transparencia, rendición de cuentas y políticas públicas que realmente beneficien a todos los ciudadanos, sin excepciones.
Conclusión
La reforma al INFONAVIT es un tema que nos involucra a todos. Es indispensable que como sociedad estemos informados y atentos para defender los derechos de los trabajadores. Nuestro futuro y el de nuestras familias dependen de decisiones responsables y visionarias, no de improvisaciones o intereses ajenos al bienestar común.
NOTA: El autor es abogado y ciudadano comprometido con el desarrollo social de México.
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