Democracia bajo fuego: Elecciones 2024
Durante la jornada electoral de 2024 en México, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndolas en las elecciones más sangrientas de la historia reciente del país.
Los asesinatos de candidatos y candidatas se han vuelto comunes, y no distinguen partido político. Esta situación no solo amenaza la integridad del proceso electoral, sino que debilita los cimientos de la democracia que ha quedado bajo fuego.
Los asesinatos de figuras políticas en plena campaña no son incidentes aislados, sino el reflejo de un problema sistémico. La colusión entre el crimen organizado y sectores del poder político es una realidad que no podemos seguir ignorando.
Esta violencia no solo busca eliminar adversarios, sino también infundir miedo y controlar el poder a través del terror. Es un mensaje claro: cualquiera que se oponga a ciertos intereses puede pagar con su vida.
La impunidad es un factor determinante en esta crisis. Pocos de estos crímenes son investigados a fondo y aún menos son resueltos. La falta de justicia impone un ciclo de violencia donde los perpetradores actúan con la seguridad de que no enfrentarán consecuencias. Este contexto de impunidad no solo afecta a los candidatos, sino a toda la sociedad, que ve con impotencia cómo la violencia se convierte en una herramienta política.
También tiene un efecto devastador en la participación ciudadana, pues genera un clima de temor que puede disminuir la participación ciudadana en las urnas. El miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones desalientan a muchos a participar en la vida pública.
A la fecha, a partir del inicio de esta jornada electoral, se han registrado 34 asesinatos de candidatos o candidatas a diversos cargos de elección popular, alrededor de 77 denunciaron amenazas y 11 fueron secuestrados.
De acuerdo con Data Cívica las víctimas de violencia político electoral aumentaron 235 % de 2018 a 2023.
Se identifican seis entidades con un riesgo muy alto: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, así como nueve entidades con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
De 2018 al 28 de mayo de 2024 se han registrado en México 1944 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales, de acuerdo con el reporte de México Evalúa “Votar ente balas”.
Se trata de un grave problema de inseguridad que no ha logrado contener ni erradicar el actual gobierno federal, pues el Ejecutivo prefiere culpar de todos sus males y los del país a gobiernos anteriores.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la violencia ha sido una constante. Ante este panorama desolador, es crucial que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y adopte medidas contundentes para proteger a los candidatos y a la ciudadanía, y deje de una vez por todas de polarizar con el fin de obtener un beneficio político, porque está dejando a la democracia y al país bajo fuego.
Autor
- Reportera desde enero de 2000. Fundadora de la Agencia de Noticias Digital UNIMEDIOS. Actualmente titular del noticiero Capital Noticias 91.3FM en Saltillo y Coordinadora de Contenidos de Capital Media Coahuila. Escribo la columna “En el tintero” que difunde El Heraldo de Saltillo, La Otra Plana y Capital Coahuila.
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