Tupy hizo pública su disposición al diálogo con el sindicato que representa a los trabajadores de su planta en Saltillo para la resolución de cualquier inconformidad, y denunció una irrupción a sus instalaciones adicional al paro de labores que genera riesgos, incluso para la comunidad cercana, al impedirse el monitoreo de equipos como hornos y subestaciones eléctricas.
En un comunicado de prensa, la empresa afirma haber cumplido desde el 9 de mayo con el pago de utilidades, conforme a la Ley, y adicionalmente otorgó un bono extraordinario.
Sin embargo, señala el comunicado, “el pasadodía 15 de mayo de 2024, en nuestras instalaciones de Planta Saltillo un grupo de personas inconformes suspendió, sin autorización y de manera ilegal, sus labores e inició un bloqueo del edificio administrativo, al obstruir la puerta principal y salida de emergencia, permitiendo la salida de nuestro personal cerca de dos horas después”.
“Debido a las intempestivas y hostiles acciones tomadas por el grupo de las personas inconformes, la empresa, a fin de garantizar la seguridad de sus trabajadores y de la comunidad en general, decidió suspender sus actividades y desalojar al personal no esencial”.
Según señala la empresa, por la tarde del 16 de mayo algunas de las personas que se manifestaban al exterior de la planta Saltillo, “irrumpieron de forma violenta y sin autorización a nuestras instalaciones; acciones que son ilegales y que hemos hecho del conocimiento de la autoridad correspondiente para su debida atención y solución acorde a la legislación aplicable”.
Tupy afirma respetar el derecho a la libre manifestación de las ideas de forma pacífica y apegada a derecho, y manifiesta su disposición al diálogo para la resolución de cualquier inconformidad, cumpliendo procedimientos previstos en la ley.
“Sin embargo, las acciones tomadas por las personas inconformes son totalmente ilegales, además de que no abonan de forma alguna a la visión de comunicación y trabajo en equipo que en todo momento busca la compañía”.
Concluyen señalando, “Debido a las características de nuestra actividad industrial, existen diversos equipos, como hornos, compresores, subestaciones, entre otros; que deben de ser monitoreados y atendidos de manera directa y constante por nuestro personal, el cual está debidamente capacitado para llevar a cabo tales actividades. El impedir el acceso de dicho personal pone en situación de riesgo, no solo a las personas que ocupan ilegalmente nuestras instalaciones, sino a la comunidad cercana. Esta situación es del conocimiento de las autoridades estatales y esperamos recibir el apoyo necesario a fin de garantizar la seguridad de nuestras instalaciones y la población en general”. (RAYMUNDO FERNÁNDEZ/INFONOR)
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