Ciudad de México.- Es necesario contar en México con un gobierno abierto que, por medio de las tecnologías de la información, impulse el diálogo democrático con la ciudadanía y ponga en práctica el ejercicio de escucharla permanentemente para atender sus necesidades y peticiones, consideró el senador Ricardo Monreal, quien impulsa una iniciativa para reformar el artículo 8 de la Constitución Política, a fin de que el derecho de petición se pueda ejercer por medios electrónicos.
Con ello, subrayó, se garantizará este derecho a todas las personas que realizan peticiones y acceden a información por medio de las redes sociales o las páginas oficiales de los entes de gobierno.
El coordinador parlamentario de Morena en el Senado subrayó que este artículo no ha sido reformado desde 1917 «y ahora es preciso contemplar los avances tecnológicos para el ejercicio eficaz de este derecho, pues es cada vez más común que las personas realicen peticiones a las autoridades o formulen quejas a través de medios electrónicos».
Señaló que es innegable que las herramientas tecnológicas sirven a las instituciones gubernamentales como espacios de comunicación y difusión de información, a los cuales acuden las personas como uno de sus principales medios de interacción con los órganos estatales, ya sea presentando solicitudes o peticiones, así como quejas o reclamos.
Sin embargo, aunque esto sucede de manera normal, las peticiones que se formulan por estos medios en ocasiones no son atendidas por la autoridad, por la apariencia de «informalidad» de las solicitudes que se generan en los espacios virtuales.
Lamentó que esto provoque que algunas peticiones se dejen de lado en forma discrecional, con lo que se viola el ejercicio de este derecho constitucional.
Ricardo Monreal destacó que esta realidad se ha discutido en el ámbito judicial, ya que la ciudadanía tiene que acudir al juicio de amparo para conseguir que un tribunal la proteja y ordene a la autoridad dar respuesta a la petición formulada por medios electrónicos, incluidas las redes sociales.
Explicó que el derecho de petición, consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna, constituye la prerrogativa de los gobernados para formular solicitudes o reclamos a sus autoridades, y es una garantía constitucional de suma importancia en las relaciones que se suscitan entre las personas y el Estado.
Las tecnologías de la información, dijo, han generado un gran impacto en los niveles de interacción que se dan entre el gobierno y la ciudadanía, incluidas las redes sociales, lo que otorga una nueva dimensión a los derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión, «de tal forma que han dado lugar a una forma de expresión ciudadana cada vez más amplia».
El líder parlamentario recalcó que por ello es indispensable que el precepto constitucional tenga la claridad necesaria para que el derecho de petición «se ejerza de manera amplia y efectiva y no tenga que interpretarse judicialmente».
De esta manera, afirmó se empoderará a la ciudadanía a través de un gobierno más abierto y responsable. (EL UNIVERSAL)
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