Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles daños al erario por un monto de 53 mil 042 millones 569 mil 600 pesos, por parte de dependencias pertenecientes al gobierno federal, así como entidades federativas y gobiernos municipales.
De ese total, han recuperado el 4.4% equivalente a 2 mil 351 millones 477 mil 500 pesos.
Así lo revela la tercera entrega del informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la cual cuenta con un total de mil 151 auditorías.
De acuerdo con una revisión realizada por EL UNIVERSAL, los estados y municipios nuevamente son los más observados, al contar con 955 auditorías y observaciones por más de 46 mil 094 millones de pesos. Los sectores en donde se detectaron más probables daños al erario son el de infraestructura social, saneamiento financiero, participaciones federales, salud, educación y seguridad.
Del monto total observado a las entidades federativas, la ASF ha logrado recuperar 1 mil 4 millones 837 mil 600 pesos, sin embargo, faltan más de 46 mil 094 millones por aclarar.
En lo que corresponde a la federación, se realizaron 195 auditorías con observaciones por 6 mil 948 millones 326 mil 500 pesos, de los cuales ya se recuperaron mil 346 millones 639 mil 900 pesos, pero faltan por aclarar 5 mil 601 millones 686 mil 600 pesos.
La Secretaría de Agricultura, por el caso Segalmex, es la más observada con 11 auditorías y probables daños al erario por 2 mil 354 millones, 612 mil 100 pesos; le sigue la Secretaría de Turismo con 14 fiscalizaciones, de las cuales se detectaron posibles daños al erario por mil 399 millones 190 mil 500 pesos.
Las empresas productivas del Estado recibieron 28 auditorías con observaciones por 453 millones 506 mil 300 pesos, mientras que las Instituciones Públicas de Educación Superior fueron observadas por más de 249 millones, también destacan probables daños al erario por parte de la Sedatu, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Hacienda, así como la Sedena y la Marina.
La tercera entrega se suma a la primera (febrero de 2022) y a la segunda (octubre 2021) para un total de 2 mil 50 auditorías cuyos montos observados en todo el año 2021, ascienden a 64 mil 835 millones 137 mil 900 pesos, de los cuales apenas se han recuperado 2 mil 994 millones 803 mil 500 pesos.
De igual modo, la ASF presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 500 mil pesos en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el ejercicio presupuestal 2021.
En la tercera entrega del Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF explicó que las irregularidades detectadas son por no contar con evidencia documental que compruebe el gasto ejercido para cursos de capacitación en el estado de Puebla, lo que representa el incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El informe señala que «no hay evidencia de la documentación del manual del participante digital, de la lista de asistencia, de la lista de calificaciones final, de la grabación de cada una de las sesiones y de la memoria fotográfica en la que se sustentó el curso impartido en los 217 municipios conformado por cinco personas en cada municipio (mil 085 participantes), correspondiente al contrato número SG/CGA/DRMSG/084/2021 mediante el cual se prestó el servicio de ‘Cursos de capacitación 30 horas en cada uno de los 217 municipios del Estado de Puebla, respecto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda Personas’, formalizado por la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Puebla».
La ASF determinó 19 resultados en las auditorías practicadas, de los cuales, en dos no se detectaron irregularidades y tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe.
Los 14 resultados restantes generaron nueve Recomendaciones, seis Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un Pliego de Observaciones.
El informe recomienda que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, en la CNBP, gestionaron el pago retroactivo realizado a 89 servidores públicos por 332 mil 600 pesos, del periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021, sin haber justificado su procedencia, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Además, exhorta a iniciar otro procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no acreditaron que el personal que la integró en el ejercicio 2021 se encontraban certificados y especializados en materia de búsqueda.
El documento destaca que Jalisco, la Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, el Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas son las entidades con mayores casos registrados, con una cifra total de 16 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales cinco (Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México) se encuentran entre las que no ejercieron recursos de entre el 30.3 y el 100 por ciento del subsidio ministrado en el 2021 por la CNBP.
El informe señala que la Comisión no contó con un Reglamento Interior, con manuales de Organización General (MOG) y de Procedimientos, ni con otro tipo de documento normativo en los cuales se establecieran las funciones, atribuciones y actividades por desarrollar de las diferentes unidades administrativas que la integran, no obstante que hasta agosto del año pasado habían transcurrido mil 659 días naturales desde su creación el 15 de febrero de 2018.
El documento recuerda que se estableció la obligación del Ejecutivo Federal para que, en un plazo de 180 días, a partir de su entrada en vigor, es decir, al 15 de julio de 2018, la CNBP expidiera y armonizara las disposiciones reglamentarias que correspondieran, lo cual no se ha cumplido, además de que a la fecha de la auditoría aún no contaba con personal de estructura.
«Se comprobó que la CNBP no contó con su Programa Nacional de Búsqueda que debía presentarse dentro de los 180 días posteriores a su inicio en funciones, es decir, el 14 de agosto de 2018», señala.
Una de las observaciones es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante 2021, autorizó 89 plazas con carácter eventual (84 de mando y 5 de enlace).
Al respecto, se comprobó que la Segob, con cargo al presupuesto de la CNBP, realizó el pago de 89 prestadores de servicios, el cual se sustentó en las nóminas que reflejaron las erogaciones por concepto de sueldo, prima vacacional, compensación garantizada, aguinaldo, ayuda de despensa y quinquenios. (EL UNIVERSAL)
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