El Congreso de Coahuila pedirá a los Ayuntamientos de los 38 municipios del Estado que a través de sus jueces cívicos o calificadores, en coordinación con las direcciones de Medio Ambiente y, en su caso, de Seguridad Pública, elaboren las reformas reglamentarias y protocolos para establecer los procedimientos de sanción por contaminación auditiva, en la legislación y reglamentos ambientales, así como en sus respectivos bandos de policía y gobierno.
Esta petición se hará fundamentada en un punto de acuerdo aprobado por unanimidad de votos de las y los diputados, durante la segunda sesión de la Diputación Permanente, presentado por la diputada Mayra Lucila Valdés González.
La diputada expuso que existe una falta de procedimientos apegados a derecho para que sean válidos y constitucionales, y que permitan a las autoridades municipales combatir efectivamente la contaminación sonora, no limitarse solamente a los apercibimientos y advertencias a los generadores de ruido.
Afirmó que las autoridades municipales tienen problemas y limitaciones para sancionar de manera efectiva a los responsables de generar ruido contaminante.
Lo anterior basado en entrevistas que ha sostenido con afectados, con autoridades de varios municipios, de áreas del medio ambiente y ecología, así como de seguridad pública y los señalamientos más comunes que hicieron fueron:
“Es que no tenemos debidamente reglamentado el proceso para aplicar las sanciones. No sabemos si debemos sancionar el ruido como una falta administrativa de tipo ecológico, o sancionarlos conforme al Bando de Policía y Gobierno, como una infracción. Es distinto el ruido generado por comercios y negocios, al generado por particulares, en consecuencia, necesitamos procedimientos distintos, pero no existen o no son claros en nuestros reglamentos.”
“No tenemos personal de ecología suficiente para atender todas las quejas, y si le damos la atribución a la policía preventiva, implicaría capacitarlos y dotarlos de tecnología, especialmente, de sonómetros, (instrumentos para medir el nivel de ruido que existe en un determinado lugar. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio). Nuestros jueces cívicos (o calificadores) señalan que no pueden aplicar sanciones sino los dotamos de un procedimiento formal y con apego al debido proceso”, fue otro de los señalamientos manifestó la diputada Valdés González.
“Las principales fuentes de contaminación auditiva son, en todos los casos, competencia de los municipios, nos referimos a tiendas, giros negros, talleres de todo tipo, salones de fiesta, palapas, eventos al aire libre, autos y, desde luego, domicilios particulares” subrayó. (EL HERALDO)
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