COMO DECÍA MI ABUELA

«En la calle mucha bambolla…

A mi abuela le gustaban mucho las artesanías de barro. En alguna ocasión, pasó por su casa un vendedor con cazuelas, macetas, jarrones y demás utensilios, tanto decorativos, como de uso doméstico. Mi abuela estaba muy entusiasmada viendo aquellas «curiosidades», sobre todo un par de macetas que ya estaba planeando colocar en la entrada de la casa, cuando llegó mi abuelo del trabajo. Ella le mostró las macetas y mi abuelo solo dijo «en la calle mucha bambolla, en la casa ni una olla» por lo que mi abuela devolvió las macetas, y luego tomo el consejo para comprar un juego de cazuelas.

Luego de que el pasado mes de junio el Congreso de Yucatán aprobara una serie de reformas para que ningún deudor alimenticio moroso ocupe un cargo en el poder y la administración pública, el 07 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad argumentando que dicha ley discrimina a quiénes se encuentren en el mencionado supuesto y violenta su derecho a la libertad del trabajo.

En respuesta a lo anterior, el día miércoles 17 de agosto diversos colectivos entre los que destacan Las Constituyentes MX, se presentaron en rueda de prensa frente al Senado para exigir a la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra, su renuncia, y que en caso de no hacerlo, el Senado comience el procedimiento de destitución de la misma, y a la Suprema Corte de Justicia, que ratifique lo estipulado por el Congreso de Yucatán.

Dichas reformas forman parte de una iniciativa llamada “3 de 3 contra la violencia”, cuyo fin es que ningún acosador, violador o deudor alimenticio moroso ocupe cargos públicos, ya sea por elección popular o por designación en la administración pública, garantizando así el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de la infancia. La «3 de 3» busca que nuestros servidores públicos sean verdaderos agentes de cambio, que tengan la cualidad humana para de verdad representarnos y que no sean meramente autoridades de papel que pretenden hacer creer que cumplen sus funciones, pero solo trabajan para salvaguardar sus intereses. La «3 de 3″ no busca, cómo afirma la CNDH, «discriminar», sino garantizar nuestro derecho civil a tener conocimiento de que las autoridades que nos representan tienen un modo honesto de vivir y que de verdad se encuentren dentro de la legalidad y cumplen con el ordenamiento jurídico.

Para poner un ejemplo que quizá resulte burdo pero que puede esclarecer nuestro entendimiento, me permito preguntar ¿si una persona quisiera acceder al puesto de directivo del departamento de cobranza de algún banco, sería factible que dicha persona tenga un adeudo con la institución en la que aspira a un puesto?

Pues el deudor alimentario moroso es justamente eso: un deudor; no solamente con la persona en lo privado, sino con la sociedad en lo público. ¿Cómo puede pretender un funcionario defender los derechos de las personas a quiénes representa mientras los violenta en lo privado?

Además, aclaremos de paso, que el deudor alimentario moroso está siempre en condiciones de dejar de serlo porque justamente el deudor tiene, en todo momento, la facultad de cumplir con sus obligaciones alimenticias y dejar de estar en ese supuesto, dicho en palabras más simples, si quiere contender, que primero cumpla con sus obligaciones y pague lo que adeuda a sus acreedores alimenticios.

Que la CNDH guarde silencio ante acciones en las que las autoridades claramente violentan nuestros derechos como ciudadanos, como en el caso del decreto presidencial en el que se pretende la militarización del país anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 8 de agosto de 2022, y por otro lado, se pronuncie en contra de las leyes que pretenden salvaguardar los derechos de los infantes, adolescentes y mujeres de este país, es un claro ejemplo de cómo las autoridades dicen promover la igualdad, el estado de derecho y un ambiente de paz pero en el fondo, no lo cumplen.

Como decía mi abuela «en la calle mucha bambolla, pero en la casa ni una olla». No se puede, por un lado, defender los derechos humanos y, por otro, ignorar a los niños, niñas, adolescentes y mujeres que no tienen un bocado para saciar el hambre, o que no cuentan con educación, servicios médicos y, en general, estabilidad económica que les permita un sano desarrollo y su progreso dentro de la sociedad.

Que la Suprema Corte avale esta acción de inconstitucionalidad representaría para el 70% de las niñas y niños hijos de padres divorciados que no reciben una pensión, que el Estado les dé la espalda y se niegue a reconocer sus derechos.

Por lo pronto este jueves 18 de agosto de 2022 se está convocando a rueda de prensa por parte del colectivo FURIA para ahondar en el pronunciamiento en contra de esta acción de inconstitucionalidad y sobre temas de violencia contra las mujeres en nuestro Estado.

Por lo que estaré muy atenta a esta y las demás acciones que se ejercen para que la 3 de 3 sea ley no solamente en Yucatán sino en todo el país.

#FueraRosarioPiedradeCNDH

#NiUnAgresorEnEllPoder

#3de3vsViolencia

#PrimeroLasInfancias#NuncaPorEncimaDeLaNiñez

#CNDHviolentador

 

 

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El Heraldo de Saltillo
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