La pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. Aun cuando existe una gran variedad de aproximaciones teóricas para identificar qué hace pobre a un individuo, hay un consenso cada vez más amplio sobre la naturaleza multidimensional de este concepto, el cual reconoce que los elementos que toda persona necesita para decidir de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus opciones vitales, no pueden ser reducidos a una sola de las características o dimensiones de su existencia (coneval.org.mx).
Ingreso corriente per cápita;
rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; grado de cohesión social; y grado de accesibilidad a carretera pavimentada, son los indicadores de los niveles de pobreza.
De acuerdo a la información del CONEVAL, en México la pobreza pasó de 41.9% en 2018 a 43.9% en 2020 y la pobreza extrema de 7.0% a 8.5% . Es decir, en 2020 se encontraba en pobreza multidimensional 55.7 millones de personas, y en extrema el equivalente a 10.9 millones de personas. Cabe señalar que el incremento en la carencia de acceso a la salud mostró un salto importante ese año, ya que pasó de 16.2% de la población en 2018 a 28.2% en 2020.
Respecto al tema, este fin de semana, durante la ceremonia “Inicio de obras de infraestructura” en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió diciendo: “No les vamos a fallar, faltan dos años y si en menos de cuatro hemos hecho bastante en beneficio del pueblo, enfrentando las adversidades, porque nos tocó la pandemia y ahora la crisis provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos saliendo adelante.
“En estos últimos dos años vamos a hacer mucho más y mi anhelo y propósito fundamental y un sueño que quiero convertir en realidad es que cuando termine mi mandato haya más igualdad que no haya pobreza en nuestro país”.
Gran compromiso del presidente, tomando en cuenta el incremento de los niveles de pobreza que se han dado en los últimos años en nuestro país.
Tal reto y compromiso hace necesario, que el gobierno del presidente López Obrador defina e implemente una política económica de Estado que le permita transitar y superar la actual crisis con el menor daño posible para sus ciudadanos.
Siempre partiendo de que tanto el gobierno como su aparato burocrático tienen como una de sus funciones fundamentales la garantía de las condiciones generales y externas que permitan el desarrollo económico del país.
De lo anterior, se desprende que en los criterios para la definición de su política, debe considerar que el Estado tiene como funciones: asegurar la existencia de la propiedad privada, vigilar y lograr el apego a las reglas de cambio, instaurar reglas de competencia homogéneas, dar protección en el interior y el exterior, así como, garantizar la mano de obra libre necesaria y el establecimiento de la infraestructura que permita condiciones para la producción y el desarrollo económico.
Para dar cumplimiento a sus funciones, el Estado se deberá situar por encima de los inversionistas y de los trabajadores directos, es decir, deberá ser un órgano de donación y administración externo, con el fin de mantener a ambos polos en el justo medio que permita el desenvolvimiento de las industrias y los negocios.
Considerar, además, que el Estado está muy cerca del proceso productivo, y su actividad no puede ir más lejos de lo que es necesario para un buen funcionamiento de la economía.
El Estado, a través de sus agencias concretas, deberá desarrollar un medio ambiente favorable al desarrollo de la economía, mediante la organización de un sistema de crédito, regularización del sistema fiscal y estimular positivamente el desarrollo de los trabajadores.
El Estado y su aparato de gobierno, en términos de economía política, deberá actuar, mediante los instrumentos a su alcance, para mejorar la tasa media de ganancia e incidir sobre los costos de producción de los diferentes componentes del capital, al menos en lo que se solventa la etapa crítica.
Siempre tomando en cuenta que, al expandirse el modelo económico y crearse el mercado mundial, el Estado se convierte en un instrumento que tiene por función garantizar, respecto a otros Estados, las zonas de inversión, de abastecimiento y de flujo necesarias para la reproducción del capital nacional.
Y esta función se concreta en políticas proteccionistas, comerciales, fiscales y monetarias.
Por otra parte, al existir una caída de la tendencia a invertir de los empresarios nacionales, el Estado deberá actuar mediante la ampliación de su propio mercado, es decir aumentar el volumen de compra de bienes, realización de obras de infraestructura y dispersión de recursos a través de programas sociales. Se pretende que los gastos del Estado incrementen el mercado interno, así como la productividad y logren el mantenimiento de un sector privado rentable.
El Estado deberá actuar como creador de las condiciones necesarias de infraestructura, tanto en el área de transporte, comunicaciones, bienestar social, salud, como en el área de desarrollo científico y tecnológico, con lo cual se garantizará el desarrollo de las fuerzas productivas.
Por supuesto que la actual crisis traerá consigo un desajuste en las relaciones laborales, despidos de personal en las empresas, etcétera, es en este momento cuando se deberá dar la intervención del Estado a través del establecimiento de procesos legales y administrativos de regulación y de planificación con la finalidad de actualizar la estructura material del aparato de producción, buscando un equilibrio entre sus factores, los empresarios y los trabajadores.
Con el fin de mantener una relación armónica tanto en lo económico como en lo social. que se establecen en el proceso de producción y comercialización, el Estado deberá influir en la redistribución del ingreso, a través de diversos mecanismos como salarios, tasas impositivas y programas sociales que tendrán que llegar a los grupos sociales mas desfavorecidos.
En suma, la acción económica del Estado deberá convertirse en parte integrante del proceso de desarrollo de la nación concurriendo a la dinámica de la producción y la justa distribución de la riqueza.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mxa
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