Tras casi un año de estarla redactando, este lunes 4 de julio los 154 convencionalistas que elaboraron la nueva constitución de Chile, entregaron el texto definitivo al presidente Gabriel Boric.
A esa ceremonia de clausura de la Convención Constituyente no asistieron los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes con el fallecido Patricio Aylwin rigieron los destinos de ese país andino a partir de 1990, fin de la dictadura que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente constitucional Salvador Allende.
En 1980, Pinochet emitió una constitución que en el curso de los años siguientes fue reformada 52 veces modificando 257 artículos.
Y en septiembre de 2005, fue reemplazada por una constitución con 147 artículos y 42 disposiciones transitorias, firmada por el entonces presidente Lagos y sus 16 ministros y es la actualmente vigente.
Sin embargo, para menguar el descontento social que llevó a los estallidos de octubre de 2019, el presidente Piñera alegó urgencia de acabar “con la constitución de la dictadura” y convocó a elegir a quienes elaborarían otra.
Pero el resultado ha bajado el entusiasmo y es objeto de críticas de analistas y políticos y hasta de la misma presidencia de la Convención, que admitió “es perfectible.”
Y la última encuesta de Cadem, que investiga opinión pública sobre coyunturas políticas, indica que el 51 por ciento de la población la desaprueba.
Leyéndola advertí que se llama Constitución de la República de Chile, pero empieza diciendo “el pueblo de Chile conformado por distintas naciones…” y a partir de ese primer artículo, divide el país en dos.
Coloca a un lado a los pueblos originarios -2 millones 200 mil personas, el 12 punto ocho por ciento de la población- estipulando para ellos territorios autónomos, leyes, tribunales, presupuestos, derechos y privilegios sociales, jurídicos, económicos y políticos y la obligación del gobierno de restituirles tierras ancestrales… y al otro, a 16 millones de chilenos.
Después de ser sometida a una Comisión de Armonización que fusionó 127 artículos reiterativos o contradictorios y corrigió errores legales y faltas de ortografía y sintaxis le quedaron 388 artículos y 57 normas transitorias.
Suprime el Senado y crea cámaras regionales; estipula el voto obligatorio para mayores de 18 años y voluntario “para personas entre 16 y 17 años”.
Y contiene disparates como los del artículo 61 que consagra el derecho al aborto, sin fijar límite en el tiempo de embarazo, “a mujeres y personas gestantes… sin interferencia de terceros”.
Me pregunto quiénes serán esas personas gestantes y me imagino la mortandad de muchachas, ante abortos realizados sin auxilio médico.
Entre aquellos a quienes el texto no satisface están militantes del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, aliados del gobierno izquierdista de Boric, que han solicitado se les exima de disciplina partidista en el plebiscito que el próximo 4 de septiembre decidirá entre Apruebo o Rechazo.
Y a decenas de personalidades y ex ministros de centroizquierda que publicaron una carta anunciando que votarán Rechazo.
Menos radicales son las opiniones del expresidente Lagos quien en abril pasado expresó “lo primero que debería entenderse es que una Constitución es la casa de todos…”
Y la noche de este martes, apenas a tiempo de incluirlo aquí, expresó en sus redes sociales que Chile merece una constitución que suscite consenso y ni la nueva versión ni la vigente, «están en condiciones de lograrlo».
Recuerda que durante su mandato se hizo una gran reforma que entre otras cosas permitió, democratizar la elección de senadores y la subordinación total del Ejército al Gobierno y que no pudo hacerse más, porque se utilizó el poder de veto cada vez que se intentó reformarla.
Y sin precisar por cual opción votará, indicó que el problema no terminará al conocerse el resultado del plebiscito, porque las dos alternativas están lejos de convocar a la mayoría.
Si gana el apruebo, habrá que incorporar mejoras al texto y si gana el rechazo, no podrá eliminarse porque consagra derechos sociales como salud pública y universal, educación gratuita, mejores pensiones y acceso a la vivienda y al agua.
“Pero habrá que revisar a fondo el rol del presidente de la República y del llamado bicameralismo asimétrico o corregir el diseño del Estado Regional” concluyó.
El futuro de chile no se ve fácil.
Este 5 de agosto se iniciará la franja televisiva por el plebiscito, que los opositores dicen no será una disputa entre izquierdas y derechas, sino entre demócratas y no demócratas.
El gobierno de Boric, que inició el pasado marzo con un nivel de aceptación de más de 46 por ciento lo tiene hoy de apenas 34, debido a inexperiencia, falta de recursos y violencia de grupos indígenas que lo hizo declarar estado de emergencia en la macrozona sur, rompiendo una promesa de campaña.
Súmele, conflictos de migración en el norte, inseguridad por incremento del narcotráfico con la llegada de cárteles colombianos y mexicanos, aumento del coronavirus, un dólar carísimo y anuncios de que se subirán impuestos a la gran minería y a los más ricos (3 por ciento de la población) para poder financiar el gasto social prometido y reducir la desigualdad.
Sostiene un dicho chileno, equivalente a “ver los toros desde la barrera”, que “no es lo mismo con guitarra…”
Y Boric lo ha reconocido tácitamente.
Este primero de junio, en su primera Cuenta Pública ante el Congreso, pidió disculpas a Piñera por haber criticado su gestión de la pandemia.
Ha eliminado de sus discursos comentarios despectivos a “los gobiernos neoliberales” de Lagos y Bachelet y se ha reunido con ellos buscando ayuda.
Y pide que el plebiscito no se transforme en un juicio a su gobierno.
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