COAHUILA

Ilegalidades y simulación, legado de la CFE en la Carbonífera

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4 julio, 2022

Múzquiz.- Desde la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett dio por terminada la adjudicación directa de contratos para adquirir dos millones 300 mil toneladas de carbón metalúrgico, con el fin de abastecer hasta fines de 2024 a las centrales José López Portillo y Carbón II, localizadas en Nava, operación de la que se desprenden simulaciones, agravios e inconformidades..

Como señalaron durante la semana anterior técnicos y productores, el volumen de mineral es totalmente insuficiente para la operación normal de las plantas, que requieren de por lo menos 6 millones de toneladas anuales de carbón térmico -que dejó de suministrarse desde el cierre de MICARE-, con la posibilidad de incorporar carbón metalúrgico en una mezcla 80/20.

Técnicos de la CFE y dirigentes del sindicato, inconformes con la actual situación dado que acelera el deterioro y eventual cierre definitivo de las plantas, afirman que, por la ausencia del mineral térmico, están combinando el carbón metalúrgico con diésel y/o combustóleo para elevar su poder calorífico, aunque tal acción conlleva daños a los equipos, diseñados con otras especificaciones.

Esa es la treta técnica para simular que las plantas siguen abasteciendo regularmente a la red integrada, cuando realmente la producción eléctrica alternada de los 8 generadores no llega el 20 por ciento de lo que entregaban en operación normal.

Igual, aunque se esforzaron por mantener en la oscuridad el proceso administrativo, que de partida soslayó la obligatoriedad legal de concursos, al paso de los días han surgido datos de como manipularon los requerimientos para eludir sanciones aplicadas a cuevas y pozos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para desatender los informes del Servicio Geológico Mexicano y para obviar el requisito de un Manifiesto de Impacto Ambiental.

De acuerdo a lo que ahora y a destiempo se conoce, los productores seleccionados bajo criterios no especificados, solo debieron presentar un “oficio de verificación por parte de una empresa o entidad pública o privada con capacidad técnica y administrativa para validad el cumplimiento normativo y la operación confiable de un centro de explotación”.

Significa que en lugar de ser la Secretaria del Trabajo como única entidad federal capacitada y obligada a registrar, supervisar e inspeccionar las operaciones mineras, para la CFE lo puede hacer cualquier agencia, oficina o departamento de un nivel de gobierno, en este caso, por ejemplo, Protección Civil de Múzquiz, donde la alcaldesa Tanía Flores tiene interés directo en el negocio y no asumió ninguna acción restrictiva tras el siniestro mortal en las cuevas de Rancherías que siguieron operando tras la tragedia.

Ejemplos claros son las adjudicaciones entregadas a dos empresas sancionadas por la Secretaría del Trabajo a partir de la inseguridad comprobada en sus operaciones, Explotación de Carbón Cloete S.A. de C.V. y CARKIM Industrial S.A. de C.V., relacionada está precisamente con el drama de Rancherías, donde fallecieron siete trabajadores.

En los hechos, con esa ilegal decisión se hizo a un lado tanto a la STPS como a SEMARNAT y PROFEPA, quedando la validación de las empresas entregada a un juego de amigos, a la vez que, al ignorar los informes del Servicio Geológico sobre capacidad real de las cuevas y pozos, se abrió la puerta a mayor coyotaje para cumplir los volúmenes asignados.

En este aspecto, la dudosa capacidad de generar el carbón contratado y por tanto la sospecha de coyotaje con la compra a minas ilegales o de no adjudicados, entre otras se les entregó pedidos a Multiservicios la Chata S.A. de C.V.; Bartelo S.A. de C.V.; Minerales La Florida S.A de C.V.; y Compañía Comercializadora de Productos Minerales e Industriales Mercurio S.A. de C.V.

Solicitada a la Organización Familia Pasta de Conchos una opinión sobre los nuevos contratos, la vocera Cristina Auerbach Benavides señaló que la forma en que realizó la adjudicación la CFE no representa ningún aporte económico para la población de las zonas mineras y en cambio acrecentará problemas como la inseguridad en los yacimientos, la práctica del coyotaje y por ende la explotación y riesgo para los trabajadores.

“Incluso, el hecho de que por el carbón nacional paguen tres o cuatro veces menos que por el comprado fuera del país para la planta de Petacalco , muestra un desprecio para los productores que se traduce en ingresos miserables para sus operarios, falta de soporte técnico y equipamiento adecuados, insuficientes elementos de seguridad y todo los aspectos negativos que han hecho de la Región Carbonífera de Coahuila una zona de tragedias”, apuntó. (FÉLIX RODRÍGUEZ | INFONOR)