Llega otro 30 de abril, Día del Niño y de la Niña en México, con millones de ellos sin tener resueltas sus necesidades afectivas, físicas y sociales, más básicas; con decenas de miles, sufriendo violencia y miles desaparecidos y asesinados.
López Obrador prometía que en su gobierno los pobres serían primero; tuvo razón, han sido los pobres los primeros en hundirse en una aún mayor pobreza y en morir por enfermedades curables.
Y entre los pobres, los más afectados han sido los niños.
Los ha dejado sin escuelas, sin guarderías, sin tratamientos para el cáncer, sin vacunas y tan sin futuro, que miles prefieren emigrar a EU; 308 murieron en el intento, en los últimos tres años.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos precisó que cada año, más de cuatro y medio millones de niñas y niños mexicanos sufren abusos y que solo denuncia el 10 por ciento.
Y según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en 2021 se perdieron cada día 14 mexicanos entre cero y 17 años.
Durante los tres años de gobierno de AMLO han desaparecido 19 mil menores y miles fueron victimados; la impunidad del 90 por ciento alienta a los pederastas.
Y los tres primeros meses de 2022, desaparecieron más de 5 mil.
Cuando empecé este artículo, escribía la última víctima fue… pero al rato tenía que cambiar nombre y datos, porque se conocía otro caso más.
Así fui poniendo, el de Alondra de Cuajinicuilapa, el de la niña de 15 años violada por profesores y alumnos en los baños de una preparatoria del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Alan Manuel asesinado a golpes este jueves en Hermosillo, Sonora, Victoria Guadalupe de 6 años, Nataly de ocho, Laura Yoshira asesinada en Atlatlahucan, la niñita de siete años violada por su padre en Jojutla, Edwin también de siete y cuyos restos aparecieron calcinados en Aguascalientes, Ángel Gabriel en Puebla, Dafne y Giselle en el Estado de México.
O las cinco niñas cuyos cuerpos fueron encontrados de pura casualidad en Monterrey, en alguno de los 13 días que la policía buscaba a la fallecida Debanhi y son parte de las más de mil 700 desaparecidas en Nuevo León y las más de 25 mil adolescentes y mujeres de todo el país, que no se sabe dónde están.
O los seis niños y niñas rescatados este jueves 21, en Plaza La Isla de la zona hotelera de Cancún; donde eran retenidos y explotados sexualmente.
La violencia sexual, las desapariciones y asesinatos de menores ocurren en todo nuestro país.
Porque en todas partes hay autoridades irresponsables, como el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero que declaró “las adolescentes se van de sus casas por rebeldes” y aseguró que los cuerpos de muchachas encontrados al azar “están relacionados con el crimen organizado”, como si eso fuera razón válida para no acceder a los reclamos de sus familias para buscarlas.
Impacta que en este asunto se considere “avance”, que haya cada vez más denuncias.
Así lo advierte María Julia Castañeda en La rebelión de las niñas, del 7 de abril en El País, donde habla del miedo a denunciar a los agresores cercanos y explica que “ahora, las denuncias estén resonando en América Latina donde la violencia contra las niñas, no para”.
Y precisa que la organización Mujeres San Pedro de San Pedro Garza García en Nuevo León, el municipio con la mayor renta per cápita de Latinoamérica, recogió en marzo pasado cientos de testimonios de abuso sexual.
Por su parte, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivera, citado por el Universal este martes 26, insistió que la multitud de violaciones y asesinatos de marzo, hace que este sexenio sea “el más letal para las niñas”.
Agravia que el presidente López Obrador, cuya principal obligación es gobernar dando seguridad al país, insista en que su función es “predicar y hacer conciencia”.
Y como malo de la cabeza, continúe violando leyes.
Viola el artículo 61 de la Constitución, al amenazar con cárcel “por traición a la Patria” a los diputados que votaron en contra de su reforma eléctrica y al apoyar a los legisladores de su partido que proponen “fusilarlos pacíficamente”, traiciona su cargo y altera el orden público.
En el mismo estilo Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pretende quitar derechos políticos por un año a más de 77 millones de electores que este 10 de abril no quisimos votar en esa farsa de la revocación de mandato.
En ese México estamos viviendo.
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