COAHUILA

Proponen en Congreso uso de huella digital en protocolos de escrituración, negocios jurídicos y en materia testamentaria

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23 noviembre, 2021

Durante la sesión del Congreso de Coahuila celebrada este martes, el diputado local del PAN Rodolfo Walss Aurioles, presentó una iniciativa para modificar la Ley del Notariado del Estado de Coahuila y el Código Civil para el Estado de Coahuila, a fin de establecer la obligación de plasmar la huella digital en diversos protocolos de escrituración, de celebración de negocios jurídicos y en materia testamentaria.

En la presentación de esta iniciativa, el legislador aseguró que la huella digital es un elemento de certeza respecto a la identidad de una persona que actualmente es requerido en diversos trámites para reforzar al máximo la seguridad de que la persona que se ostenta como titular los derechos que reclama es quien dice ser, por lo que representa un elemento invaluable para prevenir lo que se conoce como robo o suplantación de identidad.

El legislador recordó que en la actividad notarial, como en toda actividad humana, también existen los fraudes y las personas que denigran esa institución y los servicios que presta, dada la existencia de fedatarios que se coaligan con estafadores y defraudadores inmobiliarios para engañar y despojar de sus bienes inmuebles a las personas, o en otros casos, para robarles su dinero con ventas fraudulentas de casas o terrenos.

Agregó que generalmente este tipo de estafas se realizan por medio de la falsificación de firmas y en otros casos, la falsificación de documentos que, forzosamente implican también imprimir una firma falsa en ellos con el objetivo de que una persona moral o física se apodere de un bien inmueble de forma ilegal.

Walss Aurioles mencionó que a pesar de ser la huella digital un mecanismo que imprimiría un alto grado de seguridad a las operaciones notariales, ésta no se cuenta como un elemento obligado en las leyes del notariado nacional, por lo que plasmarla en los negocios jurídicos y en ciertas escrituras públicas, reduciría de manera sustancial la posibilidad de fraudes y daría certeza a las partes. (ÁNGEL AGUILAR/ EL HERALDO)