Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron un dictamen con proyecto de decreto, para modificar la actual Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, con objeto de incluir entre los beneficiarios del incentivos del 50% en el recibo de agua potable, a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las personas migrantes, desplazadas o cualquier otra condición de movilidad vulnerable.
El dictamen con Proyecto de Decreto, fue presentado al Pleno por la Comisión de Hacienda, que coordina la Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, con objeto de reformar la Fracción IIl del Artículo 12 y adicionar el Artículo 48, en lo relativo a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga para el ejercicio fiscal 2021, a iniciativa del Ayuntamiento de Arteaga.
La Comisión señala en el dictamen, que en el mes de marzo de este año entraron en vigor reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado, que establecen un marco normativo actualizado para hacer frente a las necesidades básicas relacionadas con el derecho al agua de las Asociaciones Civiles que apoyan a personas en situación de vulnerabilidad, específicamente personas migrantes.
El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico, señalan las y los diputados de la Comisión de Hacienda.
Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho al agua, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En el dictamen, la Comisión señala que el Ayuntamiento de Arteaga cubrió los requisitos necesarios para reformar su Ley de Ingresos Municipal, mediante la cual establece un marco normativo actualizado para hacer frente a las necesidades básicas relacionadas con el derecho al agua de las Asociaciones que ayudan a personas migrantes, desplazadas o cualquier otra condición de movilidad vulnerable. (EL HERALDO)
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