Ha vuelto a colocarse en la agenda pública la recurrente polémica entre taxistas y autoridades por la operación en la ciudad de otros servicios de pasajeros asociados a plataformas digitales, una situación que se viene arrastrando cuando menos desde 2017 y para la que, es evidente, no se ha construido una solución real y de fondo.
Cada que surge el tema lo resuelven temporalmente con negociaciones y compromisos que al paso del tiempo resultan insuficientes.
El choque entre los taxistas tradicionales y los que genéricamente llamamos «Uber» –aunque hay varias plataformas más- no es exclusivo de Coahuila, ni siquiera de México, se ha dado en varias partes del mundo ante una natural resistencia a tener competencia, y una tendencia a eliminarla de manera violenta en lugar de hacerle frente con un mejor servicio.
En Coahuila en 2017 se intentó resolver la polémica con una reforma legal que establecía requisitos similares a taxistas, que a los prestadores de lo que llamaron «servicio de transporte entre particulares», y se construyó un ordenamiento jurídico que podría ser modelo a seguir en otras partes, pero que sin embargo es letra muerta. No se aplica.
Veamos. Para empezar la ley establece que hay un «Programa de Transporte y Movilidad Sustentable Estatal», que será expedido cada seis años, y hasta la fecha no se conoce que en la actual administración se haya emitido alguno.
Si se consulta el portal de transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, en el apartado de Planes y Programas el único documento publicado es el Plan Estatal de Desarrollo, no hay ninguno de transporte y movilidad.
Aún más, hay también la obligación de elaborar programas similares en cada uno de los municipios, que de acuerdo con la ley deberán incluir, entre otros apartados, las metas a cumplir en cada año de la administración, y la información necesaria para que la ciudadanía pueda identificar con facilidad las acciones y obras que se implementarán en cada zona, colonia o ejido, así como el plazo en que serán ejecutadas y concluidas. ¿Dónde está el de Saltillo?
Sin plan, sin meta, sin indicadores, se trabaja a ciegas y con acciones de bote pronto, si a eso sumamos la madeja de intereses que hay en torno al tema del transporte, en todas sus modalidades, entonces por eso nunca se alcanza a construir una solución real.
Aún más, para el caso del denominado «servicio de transporte entre particulares», en donde se engloba a las diferentes plataformas, se establecieron obligaciones legales que son razonables, y no únicamente porque los ponen en un terreno de igualdad con los taxistas, sino que además ven por la seguridad de los usuarios. ¿Se cumplen?, desde luego que no.
A Uber y similares la ley los define como servicio de transporte entre particulares prestado por conductores vinculado a una «Empresa de Redes de Transporte».
Ese tipo de empresas, en Coahuila tendrían que obtener un registro estatal, para el cual es requisito tener un domicilio fiscal en el estado, acreditar un representante legal, estar dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, pagar derechos, y contar con una poliza de seguro con cobertura amplia, además de entregar un padrón de conductores y vehículos registrados en la plataforma. Hasta donde se sabe no hay ninguna empresa registrada en la entidad, aunque más de tres prestan el servicio.
Para los conductores afliados a redes de transporte se les exige licencia de conductor tipo «D», una constancia de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad que acredite su registro, acreditar su capacitación, contar con un tarjetón de identificación y ser propietario del vehículo, que no debe tener una antiguedad mayor a cinco años. Tampoco nadie lo cumple.
La regulación, y su cumplimiento, no deberían inhibir que exista este tipo de servicio, simplemente emparejar la competencia y dar garantías a los usuarios que al final del día son los que siguen padeciendo que tanto taxistas tradicionales como operadores de plataforma prestan un servicio irregular, deficiente, poco digno e inseguro.
Hoy las autoridades locales han logrado diluir una protesta de taxistas con la promesa de operativos para impedir que las redes de transporte presten servicio, pero no es más que otra solución transitoria, que atiende el interés de una de las partes pero no el de la ciudadanía. ¿Qué hace falta para que se construya una solución real?
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