Hay en el país desde hace poco más de una semana polémica sobre el padrón de usuarios de telefonía celular que obligará a proporcionar los datos biométricos para poder contratar una línea.
Ante las advertencias de los riesgos en compartir información que llaman sensible, y los llamados a promover amparos para no perder las líneas telefónicas si no se quieren entregar estos datos, hay quienes piensan que se exagera, pues finalmente ya existen otros trámites en que se exige el requisito.
Ejemplifican que, al tramitar la credencial de elector, darse de alta en el SAT, pedir el visado estadounidense, aperturar una cuenta bancaria, y hasta para la membresía de algunas cadenas comerciales se toman datos biométricos.
Con ese argumento algunos ciudadanos plantean que no es tan grave lo que se pretende, y funcionarios como el Sub Secretario de Seguridad Pública federal Ricardo Mejía Berdeja también los esgrimen para señalar que son «minorías rapaces» las que se oponen al padrón y promueven los amparos para defender un esquema comercial de las compañías telefónicas.
Es cierto, los datos biométricos y otra información sensible pueden estar en los archivos y padrones de muchas instancias, pero entregarlos al gobierno, y más específicamente a las corporaciones de este gobierno vinculadas a la seguridad pública, francamente da miedo.
Hay quienes dicen que los ciudadanos decentes, de buen vivir, no deberían tener miedo pues no van a incurrir nunca en una conducta ilícita.
Recomienda un viejo adagio «En tiempos de paz prepárate para la guerra».
Hay que desconfiar pues no sabemos lo que puede venir en el futuro, este gobierno tiene una franca tendencia hacia el autoritarismo, y ya ha demostrado que puede escarbar en las redes sociales de sus oponentes políticos para fabricarles acusaciones, o hasta inventar causas penales a empresarios que no le son afines y encarcelarlos.
¿Podrán los ciudadanos tranquilamente alzar la voz, expresarse en las redes, tomar la calle cuando estén inconformes con el actuar del gobierno, sabiendo que ese gobierno es intolerante y tiene un registro de sus datos biométricos con los que puede construirles cualquier acusación?
Podrá parecer exageración, pero ¿para qué arriesgar?
Hay también otras razones por las que no es conveniente condicionar el uso de la telefonía celular al registro de la información biométrica, y esta parece pasar desapercibida para la cuarta transformación con todo y su discurso de «primero los pobres».
Hay miles de personas de bajos ingresos, en las ciudades y también en las áreas rurales, que recurren a la telefonía celular de prepago, compran sus equipos, chips y tiempo aire en tiendas de conveniencia, porque no quieren o no pueden hacer un contrato.
En muchos de los ejidos cercanos a Saltillo no es raro encontrar que incluso los niños ya tienen un teléfono celular, y es la herramienta que utilizan a partir de la contingencia sanitaria para mantener contacto con sus maestros y dar seguimiento a las actividades académicas.
Los jornaleros en el campo, y en la ciudad los albañiles, jardineros, mecánicos, vendedores ambulantes, empleadas domésticas, traen su celular de prepago.
El padrón de usuarios vendría a profundizar la brecha digital porque para muchas personas sería hasta imposible ir a la oficina de alguna compañía a registrar sus datos, y nadie en su sano juicio va a prestarse a tramitar una línea para otra persona dejando de por medio la información biométrica.
¿Cómo plantea el gobierno resolver esto?
El gobierno argumenta que necesitan integrar el registro para inhibir las extorsiones telefónicas, ¿cómo le van a hacer para inhibir el robo de celulares y el clonado de líneas?
Para todo el que tenga un teléfono celular, este es un asunto en el que es importante estar informados, y tener en claro que las suspensiones otorgadas hasta ahora por un juez federal protegen únicamente a quienes tramitaron el juicio de amparo, es decir que no se ha cancelado la obligación que entró en vigor el 16 de abril para cada titular de una tarjeta SIM de entregar a su operadora telefónica nombre, dirección, nacionalidad, identificación oficial con fotografía y toma de datos biométricos.
Quienes ya poseen una línea tienen de plazo dos años para facilitar sus datos o se las van a cancelar.
Será decisión de cada ciudadano si acepta esta imposición o intenta ampararse.
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