COAHUILA

En compras de carbón atienden el negocio y olvidan seguridad y ecología

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5 agosto, 2020

Múzquiz, Coah.- Al cúmulo de irregularidades en las asignaciones de pedidos de carbón por la CFE denunciadas por productores inconformes, se suma la preocupación de grupos ecologistas y de la organización Familia Pasta de Conchos ante la falta de programas de control sobre el impacto ambiental y la seguridad en las operaciones.

“Solo la vigilancia y la denuncia de irregularidades que hemos sostenido desde la tragedia permitió obligar en alguna medida a respetar las normas de seguridad y disminuir siniestros, pero hoy a los pocos inspectores los tienen trabajando con las uñas, sin siquiera presupuesto para gasolina”, asentó Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos.

Y Fidencio Ortiz, jornalero jubilado que trabajó por casi cincuenta años en distintas minas, asienta que “reparar los terrenos de los tajos acabados nunca ha sido una preocupación de los patrones y el gobierno se hace el ciego, por eso aquí tanto desastre por donde se mire”.

Su compañero Jorge González, aún activo, agrega que solamente en los años posteriores “a lo de Pasta”, las autoridades del trabajo pusieron mayor atención al cumplimiento de las normas de seguridad “pero al tiempo se fue volviendo a lo mismo porque encontraron la forma de burlar la vigilancia y ahora no hay accidentes graves porque casi no hay trabajo”.

“Todos sabíamos que antes los inspectores venían por la colecta y se arreglaban con los patrones o se iban primero a las minas del GAN, porque ahí los atendían bien bonito”, refiere Fidencio.

A su vez, Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos, expresó: “Tal parece que lo único que interesa es quién controla el negocio y no hemos escuchado a ninguna autoridad que hable de cómo van a vigilar la operación legal de las minas y pozos, que en materia de seguridad han sido siempre un paraíso de la ilegalidad”.

Precisa que en su experiencia falta capacidad de inspección y mayor fuerza en las sanciones, dado que en muchas ocasiones la Secretaría del Trabajo sorprende pozos con operaciones de alto riesgo, menores laborando, falta de equipos mínimos de protección, y les aplica clausuras, pero no hay suficiente personal de seguimiento y a los pocos días o incluso horas están nuevamente operando.

Añade Auerbach que cuando la Secretaría del Trabajo identifica minas o pozos con alto riesgo para los trabajadores, “no puede cancelar, ya que es facultad de la Subsecretaria de Minas y de Protección Civil municipal, pero Minas no tiene presupuesto ni inspectores, y en Protección Civil hay connivencia con las empresas, porque solo actúan cuando una situación grave, como la muerte de un obrero, genera escándalo mediático”.

Indica que, si bien las autoridades se han resistido a dar a conocer la lista de las empresas a las que se les están adjudicando pedidos, por lo que se ha publicado detecta que muchas de ellas tienen historial de inseguridad, con accidentes mortales, falseamiento de datos ante el IMSS y abandono posterior a los deudos.

“En los últimos diez años tenemos registrado un total de 87 eventos mortales, nos hemos acercado a las familias y en la casi totalidad de los casos se ha comprobado que las empresas registraron a los trabajadores en el IMSS con información falsa, como sucedió también en Pasta de Conchos, o los registran después de muertos y casi siempre se desentienden de su responsabilidad y dejan familias enteras a la deriva”.

A su vez, los mineros que han expresado inconformidad y denunciado acaparamiento en la supuesta asignación de órdenes de compra por la Comisión Federal de Electricidad, insistieron en que el precio fijado por tonelada de carbón empuja a la irregularidad, “porque sabemos que no es suficiente para una operación segura y rentable”.

Asimismo, indicaron que son precisamente las familias que acumulan los mayores pedidos las que han dejado los mayores daños ecológicos en la zona, “porque su última preocupación es el cumplimiento de la ley ambiental en cuanto a restitución de las superficies”.

Como ejemplo, pusieron el caso de la familia del senador Armando Guadiana, que de acuerdo con información oficial, a través de sus empresas entre 2009 y 2016 directa o indirectamente entregaron a la CFE más de cuatro millones de toneladas de carbón “y nunca cumplieron en lo mínimo con la reparación ambiental, como se puede comprobar visitando cualquier de sus tajos abandonados”.

Similar es el caso de Fernando Mendoza y familia, que en ese mismo período de tiempo, vendió casi 900 mil toneladas, muchas de ellas extraídas de forma ilegal junto al poblado de la Florida, que al término del carbón dejó sin remediación, o también la familia Yutani, que ha vendido más de 150 mil toneladas de pozos que luego abandona sin control.

Todos coincidieron en que es responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales establecer en forma coordinada mecanismos precisos y verificables de vigilancia, control y sanción, o la pretendida “justicia social” ideada para la Región Carbonífera resultará más de lo mismo, con una nueva cauda de siniestros, abusos y mayores daños ambientales. (FELIX RODRÍGUEZ/INFONOR)