España autoriza la extradición de Emilio Lozoya a México

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6 julio, 2020

España.- La justicia española autorizó este lunes la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, quien deberá responder por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.

El Economista publicó que la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, indicó que «se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega» de Lozoya, quien la semana pasada aceptó expresamente su extradición a México, prometiendo colaborar para esclarecer los hechos imputados.

Lozoya, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga el pasado 12 de febrero, y se encontraba en prisión preventiva.

El exdirectivo de Pemex es reclamado en México por dos causas. La primera de ellas es la compra, por parte de una filial de Pemex en 2013, de una planta de fertilizantes por casi 500 millones de dólares, un precio exagerado dado que la instalación no se utilizaba desde hacía 14 años.

El vendedor fue la empresa Altos Hornos de México, y su entonces presidente, Alonso Ancira, también reclamado por la justicia mexicana.

Al igual que Lozoya el empresario fue detenido en España, en 2019, y en mayo de este año la Audiencia Nacional acordó su extradición, aún pendiente de ejecución.

La otra causa por la que fue reclamado Lozoya en México son los presuntos pagos de millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos de obra pública.

Lozoya fue el director de asuntos internacionales de Peña Nieto en la campaña de la elección presidencial de julio de 2012, y durante los tres años anteriores ejerció de asesor de Odebrecht en México, «lo que dio como resultado que la empresa obtuviese diversos contratos de obra», según recordó la Audiencia Nacional.

En México, Emilio Lozoya, director general de Pemex de 2012 a 2016, es el funcionario de mayor nivel involucrado en los sobornos que habría pagado la multinacional brasileña a cambio de futuros contratos públicos. (CON INFORMACIÓN DE EL ECONOMISTA Y AFP)