Ciudad de México.- Las tres principales empresas proveedoras de medicamentos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que fueron vetadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019, consiguieron 33 mil 71 millones de pesos en contratos el año pasado, y dos de ellas ya tienen contratos en 2020.
Se trata de Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Farmacéuticos Maypo, a quienes el presidente vetó a través de un memorándum en el que que instruía a no permitir la participación de dichas compañías en licitaciones públicas “hasta que no se aclarara si hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado”.
Grupo Fármacos Especializados incluso fue inhabilitada por dos años y tuvo una multa resarcitoria de 905 mil 880 pesos, según informó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval el pasado 23 de enero.
Sin embargo, entre las tres vetadas, ésta fue la empresa que más ganó por la venta de medicamentos en 2019, pues sumó 17 mil 609 millones de pesos a través de mil 91 contratos, de acuerdo con el análisis realizado por Animal Político de Compranet, la plataforma donde los funcionarios deben publicar los contratos, como lo obliga la Ley de Adquisiciones.
Mientras que las otras dos empresas sumaron 15 mil 461 millones de pesos de contratos el año pasado. Lo que hace un total de 33 mil 71 millones de pesos a través de 2 mil 793 contratos para compra de medicinas y equipo médico con las tres empresas.
Al analizar sólo las contrataciones posteriores al veto, es decir, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, las compañías siguieron sumando contratos y consiguieron casi 3 mil millones de pesos.
Las mayores contrataciones ya las habían ganado previo al veto, toda vez que el principal volumen de compra de las medicinas para distribución durante todo el año se realiza entre diciembre y enero.
Y en los primeros 15 días de enero de este año, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico ya obtuvo 2 mil 887 millones de pesos a través de 18 licitaciones con el IMSS, de las cuáles 11 las realizó la unidad de Jalisco, 2 del hospital de Cardiología de Nuevo León y cinco por la unidad de Nuevo León, en todos casos para comprar equipo médico.
Mientras que Farmacéuticos Maypo logró 142 millones de pesos en cinco licitaciones con el IMSS también en este año. Esto con el Hospital General La Raza y de Especialidad; y las delegaciones de Chiapas y Sinaloa para la compra de medicinas.
El monopolio
Grupo Fármacos Especializados fue la favorita durante el sexenio de Enrique Peña Nieto al acaparar 35.2% de las compras consolidadas en elInstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que sumaron 106 mil 813 millones de pesos.
En tanto, Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos ganaron 35 mil y 34 mil millones de pesos, respectivamente, durante el sexenio pasado, cifra que las coloca en los siguientes lugares de venta.
La presencia de dichas empresas en el mercado significaba “a todas luces, inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”, explicó el presidente López Obrador en un memorándum enviado a la entonces Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro.
En dicho documento fechado el 20 de marzo, le instruyó “impedir la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.
Y el 8 de abril, en conferencia de prensa, abundó sobre su decisión: “cuando redacté el memorándum estaba yo prensando de que vienen las nuevas licitaciones, imagínense si se está haciendo la denuncia de que hay una concentración que puede ser ilegal o indebida y que se vuelva a lo mismo, entonces tenemos que andar muy pendientes, muy pendientes por las inercias”.
Grupo Fármacos Especializados interpuso un amparo y el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Migoni, determinó en agosto de 2019 que el veto presidencial no tuvo fundamento legal porque sólo citó el artículo 28 de la Constitución, pero la determinación de si existe o no una práctica monopólica, no le corresponde a él, sino a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). (ANIMLA POLÍTICO)
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