OPINIÓN

INDICADOR POLÍTICO

Por

2 agosto, 2019

A la memoria de mi querida amiga Fátima Ibarrola, pilar del periodismo radiofónico

La crisis provocada por la violencia en un restaurante de la Plaza Artz de Ciudad de México reveló un vacío institucional y legal en la parte oscura de la soberanía del Estado mexicano: la seguridad nacional, un tema que comenzó desde 1985 con los primeros cárteles y que los diferentes gobiernos eludieron por miedos políticos.

La seguridad nacional ha sido una papa caliente para las élites gobernantes: el ciclo de militares y políticos (1917-1982) asumió la seguridad nacional como un asunto político de supervivencia de la élite gobernante, como fue enfocado la agenda de las guerrillas; los tecnócratas neoliberales (1983-2018) la sacaron sin miramientos de los espacios de gobierno pese al desafío globalizador del neoliberalismo. Los dos la vieron como un tema de coerción interna y no como un instrumento de ejercicio defensa de la soberanía.

La seguridad nacional se ha movido en dos vertientes: la soberanía del Estado como eje de la sobrevivencia de la república y la seguridad interior como la estabilidad social del desarrollo; la primera atiende las amenazas externas y la segunda enfatiza la existencia de amenazas internas, ambas con expresiones de violencia, disputa por el poder y actividades delincuenciales que afectan al ciudadano.

Paradójicamente, todos los gobiernos posrevolucionarios populistas y tecnocráticos negaron el uso de las técnicas estadunidenses de la seguridad nacional, pero las aplicaron sin escrúpulos contra grupos disidentes. La justificación ha servido a los populistas tecnócratas y ahora neopopulistas: la aplicación del inciso a, fracción II del artículo 3º Constitucional que coloca el bienestar por encima de la democracia, argumento que se reproduce como central en la Ley de Seguridad Nacional del 2005 en su fracción IV del artículo 3: “la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes”.

La gran crisis de la viabilidad republicana hoy en día radica en que el gobierno no otorga democracia plena, pero tampoco puede garantizar el bienestar y el desarrollo. Y lo grave es que a las carencias presupuestales y de modelo de desarrollo del Estado se agrega la perdida de la soberanía política y económica del Estado sobre zonas territoriales de la república porque grupos delincuenciales han expropiado partes de la soberanía del Estado.

Sobre estas circunstancias se asume la necesidad de una modernización institucional del Estado y del gobierno en materia de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública a través de un nuevo marco jurídico legal. Hasta ahora el gobierno lopezobradorista ha modificado el centro de inteligencia y ha anunciado un sistema nacional de inteligencia sumando a instituciones y personal de estados y municipios.

Sin embargo, hace falta una nueva estructura legal complementaria. Y, cuando menos, tres instancias:

1.- Una ley de seguridad interior, toda vez que se necesitan elementos para combatir a la delincuencia en zonas del Estado cooptadas por el crimen organizado y sus complicidades institucionales y para dotar a las fuerzas armadas de argumentaciones legales para su participación en apoyo a la seguridad nacional en situación de crisis de seguridad interior.

2.- Una ley de inteligencia para hacer reglamentaria la Ley de Seguridad Nacional en su parte referida a “la información y la inteligencia”, título tercero, capítulo I, artículos 29 a 32, sobre todo la parte del 31 que dice que las instancias de producción de inteligencia “gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información”.

3.- Y la restauración del Consejo de Seguridad Nacional para coordinar las acciones que tengan que ver con la seguridad nacional e interior, es decir, que pongan en peligro la existencia del Estado y la estabilidad de la sociedad. Este Consejo ya existía, pero fue desaparecido y sus funciones fueron fragmentadas en distintas dependencias. La definición, desarrollo y aplicación de las doctrinas de seguridad nacional y seguridad interior requieren de un espacio central de toma de decisiones y de identificación de amenazas. Antes las hacía el CISEN y se supone que ahora el CNI, pero sin generar políticas de Estado ni involucrar a dependencias de alteo rango. La característica transnacional del crimen organizado –como se vio en Plaza Artz– requiere de un espacio adecuado para su procesamiento.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 anuncia un Sistema Nacional de Inteligencia –incumplido por Peña Nieto en 2014– que debiera por fuerza legal operar dentro del marco jurídico que asuma la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Seguridad Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad. Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y el CNI han tijereteado la seguridad nacional, la inteligencia y la seguridad interior.

Si esas leyes nunca se derrotarán a los cárteles transnacionales que le siguen quitando pedazos de soberanía al Estado.

Política para dummies: La política se sostiene por los hilos invisibles de la inteligencia y la seguridad nacional.

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