Todos los fallecidos eran menores de 30 años. La portavoz de Michelle Bachelet reveló además que ha recibido información de unos 239 manifestantes heridos por armas de fuego y perdigones a quemarropa, además de al menos diez periodistas. La ONU recuerda a las autoridades venezolanas que deben garantizar que no se haga un uso excesivo de la fuerza.
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU expresó este viernes en Ginebra su preocupación por los manifestantes y periodistas que han sido heridos o asesinados en manifestaciones contra el Gobierno en Venezuela.
Mientras miles de venezolanos salieron a las calles para las protestas del Primero de Mayo contra Nicolás Maduro, la cifra de víctimas mortales se elevó a cinco, aseguró la portavoz Ravina Shamdasani.
«En dos días de manifestaciones, el 30 de abril y el 1 de mayo, hemos documentado informes de cinco manifestantes muertos por armas de fuego: un niño de 15 años del estado de Mérida; un niño de 16 años y un joven de 24 años presuntamente asesinados el 30 de abril por individuos armados progubernamentales en el estado de Aragua; y un niño de 15 años asesinado por un arma de fuego y una mujer de 27 años que recibió un disparo en la cabeza cerca de la plaza Altamira mientras participaba en las manifestaciones del 1 de mayo”.
Estos fallecimientos se suman a las 44 personas asesinadas en 2019 en el contexto de las manifestaciones registradas por la Oficina, un total de 49 muertes.
La portavoz de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que también ha habido «informes de ataques contra periodistas que cubren la manifestación».
«Entendemos que al menos diez periodistas resultaron heridos el 1 de mayo, incluidos cinco que fueron heridos por perdigones”, dijo.
En total, se ha recibido información de alrededor de 239 manifestantes heridos. Al menos 18 de ellos, por armas de fuego. Muchos otros sufrieron heridas por el uso de perdigones a quemarropa. Según el Gobierno, al menos ocho miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos por armas de fuego.
Shamdasani recordó que las autoridades venezolanas deben garantizar «que no se haga un uso excesivo de la fuerza”, que son responsables de la seguridad de la población y no pueden delegarlo a los grupos armados pro-Gobierno conocidos como «colectivos».
La detención arbitraria de Gilber Caro
La Oficina de Derechos Humanos también expresó su preocupación por la detención del parlamentario Gilber Caro por miembros de los Servicios de Inteligencia el pasado 26 de abril.
“Su arresto no solo se llevó a cabo en violación de su inmunidad parlamentaria, sino que, hasta el día de hoy, su destino y paradero no han sido confirmados por las autoridades. Esto constituye una desaparición forzada bajo el derecho internacional”, aseguró Shamdasani.
Según la portavoz, Caro no ha sido llevado ante un tribunal, en violación de la ley venezolana, que limita el tiempo de detención policial a 48 horas, y la Alta Comisionada está particularmente preocupada por su bienestar, ya que corre un alto riesgo de ser torturado o maltratado.
Caro ya había sido detenido arbitrariamente en enero de 2017. En junio de 2018 fue liberado condicionalmente. La comisión técnica que visitó Venezuela en marzo se reunió con él.
Por su parte el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados informó este viernes que Leopoldo López, destacado miembro de la oposición que fue liberado de su prisión domiciliaria esta semana, se encuentra como huésped en la embajada de España y no ha pedido a asilo político.
La situación humanitaria prevalece
Babar Baloch agregó que el número de venezolanos saliendo del país fluctúa pero se mantiene entre los 3000 y 5000 a diario.
“Con varios cruces de frontera oficiales cerrados las personas continúan haciendo uso de pasajes informales especialmente hacia Colombia y Brasil”.
Jens Laerke, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aseguró que la ONU se encuentra en discusiones con el Gobierno para ampliar los programas de ayuda existentes en el país.
La ONU estima que siete millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria. Las necesidades son más graves en los tres estados del sur y en los estados de Zulia y Lara en el oeste.
Unos 1,9 millones de personas requieren asistencia nutricional, incluyendo 1,3 millones de niños menores de cinco años. Además, unos 2,8 millones de personas necesitan asistencia médica, incluidos 1,1 millones de niños menores de cinco años. Otros 4,3 millones requieren agua y saneamiento.
Desde 2017, la cantidad de personal de la ONU en Venezuela ha aumentado de 210 a casi 400. Las agencias de Naciones Unidas están trabajando en los 24 estados. Los esfuerzos se concentran particularmente en los estados fronterizos vulnerables de Zulia, Táchira y Bolívar. (ONU NOTICIAS)
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