La legislación vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 ha sido considerada internacionalmente como un modelo en la lucha contra la impunidad. La Alta Comisionada considera que cambiarla ahora en la forma propuesta por el Gobierno supondrá una amnistía y “reabrirá viejas heridas”.
La iniciativa para modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala conllevaría “una amnistía generalizada para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno” y un retroceso para los derechos de las víctimas, declaró este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En la práctica, esta reforma significará «una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, inclusive crímenes de lesa humanidad», dijo Bachelet.
La legislación está vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, y dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno. Tras su rúbrica, ha sido considerada internacionalmente “como un modelo en la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones de los derechos humanos”, y como una muestra ejemplar para garantizar el derecho de las víctimas a la reparación.
Michelle Bachelet consideró que de producirse “reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones».
«La Ley de Reconciliación Nacional, en su contenido actual, ha sido la base legal para los juicios históricos de los tribunales nacionales en casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno», añadió.
La Alta Comisionada destacó que, de progresar el nuevo proyecto de ley que actualmente se encuentra en fase de primera lectura en el Congreso, supondría “un drástico retroceso” tanto para el estado de derecho como para los derechos de las víctimas.
Consideró que podría dar lugar “a represalias contra víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones”, que en su día fomentaron la justicia por delitos cometidos en el pasado.
La aprobación comportaría la paralización de las investigaciones en curso relacionadas con vulneraciones a las garantías fundamentales, sino que también poseería carácter retroactivo y comportaría la puesta en libertad casi inmediata, en 24 horas, de personas condenadas y encarceladas “por graves violaciones a los derechos humanos”.
Según el comunicado emitido por la Oficina de la Alta Comisionada, el pasado 17 de enero, el Congreso guatemalteco aprobó en primera lectura la modificación de la ley, pese al dictamen en contra de su propia Comisión de Derechos Humanos. Para lograr su tramitación, el proyecto de ley debe ser discutido en tres lecturas y luego aprobado artículo por artículo.
La reacción de Bachelet se produce tras las recientes acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar con el acuerdo para la creación de esta Comisión. (ONU NOTICIAS)
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