El Vaticano anunció el 12 de diciembre que había retirado a dos cardenales implicados en casos de abuso sexual de un poderoso consejo de asesores elegidos por el papa Francisco para orientarlo en asuntos cruciales para el futuro de la Iglesia católica.
Uno de los cardenales es George Pell, de Australia, quien fue declarado culpable del abuso sexual de dos menores en un proceso judicial sujeto a una orden que prohíbe divulgar la información del juicio en ese país, lo cual limita la cobertura mediática hasta después de su conclusión. En febrero se dará a conocer la sentencia.
El otro cardenal es Francisco Javier Errázuriz de Chile, quien ha sido acusado de encubrir delitos de abuso.
Algunos miembros del consejo de nueve asesores, conocido como C9, que se reunieron en Roma esta semana, le habían pedido al papa que reflexionara sobre “el trabajo, la estructura y la composición del consejo, tomando en cuenta la edad avanzada de algunos de sus integrantes”. Y eso fue precisamente lo que hizo, de acuerdo con la declaración del miércoles de un vocero del Vaticano, Greg Burke, según publicó el sitio web del periódico The New York Times.
En su declaración, Burke afirmaba que el papa les había escrito a los cardenales Pell y Errázuriz en octubre y que había concluido su carta “agradeciéndoles por su servicio” de los últimos cinco años.
El papa también despidió a un tercer cardenal, Laurent Monsengwo Pasinya, el arzobispo de 79 años de Kinshasa, en la República Democrática del Congo.
Sin embargo, para los cardenales Pell, de 77 años, y Errázuriz, de 85, los otros miembros más viejos del consejo, la edad era la menor de sus desventajas.
En junio, Francisco le otorgó un permiso para ausentarse al cardenal Pell, el prelado católico romano de más alto rango que ha sido acusado de delitos sexuales, para que pudiera defenderse en Australia.
Durante años, el cardenal Pell fue considerado el encargado de hecho de las finanzas del Vaticano, y sus aliados en Roma atribuyeron las denuncias en su contra a las disputas internas de la Iglesia.
Posteriormente, surgieron más acusaciones de que había abusado sexualmente de menores desde sus primeros años en el sacerdocio.
Ha negado las denuncias en repetidas ocasiones, incluso durante una conferencia de prensa extraordinaria en el Vaticano el año pasado, cuando dijo: “Solo quisiera reiterar mi inocencia”.
En Australia, el procedimiento jurídico en su contra ha sido hermético debido a la prohibición de divulgación en ese país, la cual está diseñada para evitar que se forme un sesgo entre los jurados.
El cardenal Errázuriz, arzobispo retirado de Santiago, rebasa por mucho la edad de jubilación habitual y, junto con el resto de la conferencia episcopal de Chile, le había presentado su renuncia a Francisco en mayo.
Durante un viaje a Chile y Perú, unos meses antes, el papa defendió a los obispos chilenos ante acusaciones de haber encubierto casos de abuso. Esa acción, aunada a otros desaciertos, provocó indignación entre las víctimas de abuso sexual y sus defensores, quienes consideraron que al papa le faltó tacto para manejar un problema que ha puesto en riesgo su legado.
El papa terminó por cambiar de dirección, envió a su principal investigador sobre abuso sexual a Chile y convocó a todos los obispos chilenos a una reunión en Roma, donde los acusó de mal manejo y encubrimiento de un enorme escándalo de abuso sexual infantil en su país. Todos presentaron su renuncia colectivamente.
Hasta ahora, Francisco había aceptado las renuncias de varios de los obispos, pero no la del cardenal Errázuriz.
En septiembre, el papa Francisco expulsó del sacerdocio —o “redujo a un estado laico”— al reverendo Fernando Karadima, el sacerdote pedófilo desafortunadamente más célebre de Chile, siete años después de que una investigación del Vaticano lo relegó a una vida de “oración y penitencia” por sus transgresiones sexuales.
Además, en octubre The Associated Press informó que algunas víctimas del padre Karadima habían interpuesto demandas penales en contra del cardenal Errázuriz y lo acusaron de perjurio y encubrimiento de los crímenes del padre Karadima. El cardenal ha desmentido esas afirmaciones.
Este año, uno de los principales denunciantes del padre Karadima, Juan Carlos Cruz, relató en una entrevista que el cardenal había inferido que a Cruz quizá le gustaba que abusaran de él; Cruz remató: “Así que él no estaba seguro de que yo fuera una víctima”.
Varios correos electrónicos filtrados en 2015 mostraron que el cardenal Errázuriz había intentado impedir que Cruz fuera designado a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que el papa había creado en marzo de 2014, con el fin de ofrecer mejores prácticas para lidiar con esta problemática.
El papa Francisco se enfrenta a la crisis más grande de su pontificado ahora que la polémica del abuso sexual en la Iglesia católica ha explotado una vez más en países de todo el mundo. En Estados Unidos, en particular, las autoridades civiles han sido más rigurosas en su investigación del abuso en la Iglesia, incluyendo la gran cantidad de casos de abuso sexual cometidos en Pensilvania durante décadas.
Los procuradores de casi dieciséis estados han realizado sus propias investigaciones.
En agosto, el arzobispo Carlo Maria Viganò, exnuncio apostólico en Estados Unidos, lo acusó de haber tenido conocimiento del comportamiento indebido de un excardenal estadounidense, Theodore McCarrick, quien renunció en julio y fue sentenciado por el papa a una vida de oración y penitencia.
Los detractores del papa Francisco han aprovechado estas acusaciones, que hasta ahora no se han corroborado, para debilitar al pontífice de 81 años.
En octubre, el papa aceptó a regañadientes la renuncia del sucesor de McCarrick, el cardenal Donald Wuerl. Este último fue mencionado con frecuencia en un informe de un jurado de Pensilvania debido al manejo deficiente que dio a las acusaciones en contra de sacerdotes cuando era obispo de Pittsburgh.
Francisco sugirió que el cardenal Wuerl pudo haberse defendido (de hecho, lo hizo), pero prefirió abstenerse en aras de la unidad de la Iglesia y, por lo tanto, era un ejemplo para la unidad de la Iglesia en el futuro.
Pese a sus dudas respecto a las acusaciones que el arzobispo Viganò ha realizado en contra del papa, las víctimas de abuso y sus defensores han expresado en repetidas ocasiones preocupación de que, debido a toda la atención que le ha brindado a la difícil situación de los migrantes y los pobres, el papa Francisco no ha protegido lo suficiente a los menores.
Lo que quieren es un conjunto concreto, sistemático y universal de normas que impongan medidas de tolerancia cero y rendición de cuentas con respecto al abuso sexual dentro de la Iglesia.
El papa, quien ha abogado por un enfoque de colegialidad para la gobernanza eclesiástica en la que se empodere a los obispos y se tome en cuenta su diversidad cultural, ha respondido a la crisis con la programación de una reunión en febrero, a la que asistirán los presidentes de las conferencias episcopales.
En noviembre, el papa sorprendió a los obispos estadounidenses en una reunión de su conferencia en Baltimore. Les envió una carta en la que les solicitaba posponer la votación sobre las medidas para exigir la rendición de cuentas de los obispos que no protejan a los niños del abuso clerical.
Sus simpatizantes afirmaron que lo había hecho para evitar que esta interfiriera con la reunión de febrero y también reconocieron que esta acción solo ha aumentado las expectativas de que el papa obligue a la Iglesia a tomar medidas concretas y comprobables para combatir el abuso sexual.
Ninguno de los dos cardenales, ni Pell ni Errázuriz, estuvo presente en las reuniones en Roma esta semana. Entre los temas que se trataron, de acuerdo con el comunicado del Vaticano, estuvo la reunión de febrero con los presidentes de todas las conferencias episcopales sobre el tema de la protección de menores. (THE NEW YORK TIMES)
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