Reconociendo los graves problemas de seguridad que afronta Francia, una experta en derechos humanos señala que garantizar la seguridad de los ciudadanos debe hacerse respetando la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
La relatora especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo ha mostrado este viernes su preocupación por el efecto que pueden producir las leyes antiterroristas en Francia en el ejercicio del goce de las garantías fundamentales, como el derecho a la privacidad, el de reunión, asociación, libre circulación y libertad religiosa.
En concreto, Fionnuala Ní Aoláin, expresó su inquietud sobre cómo esta legislación puede “afectar de manera desproporcionada, estigmatizar y marginar aún más” a los ciudadanos de religión musulmana.
La experta propuso al gobierno francés como solución la creación de un órgano independiente que sirva para supervisar la lucha contra el terrorismo y los estados de excepción que afecten a la seguridad nacional.
Ní Aoláin reconoció los graves y continuos problemas de seguridad en Francia y la necesidad de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, pero indicó que deben llevarse a cabo respetando la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
Igualmente destacó que el país posee un amplio conjunto de leyes en materia de seguridad nacional y recordó que el pasado 1 de noviembre entró en vigor una nueva ley antiterrorista tras la implantación de un estado de emergencia por casi dos años, debido a los atentados en París del año 2015 que causaron más de cien muertos.
Pese a reconocer la importante tarea de vigilancia legislativa y judicial en Francia, la experta mostró su preocupación por las limitaciones en la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos que pudieran haberse cometido durante el estado de excepción.
Asimismo, expresó su inquietud por la falta de mecanismos de control para proteger los derechos de las personas sujetas a medidas administrativas, especialmente relacionadas con sus derechos a la libertad de circulación, la privacidad, la vida familiar, la libertad de movimiento y de culto.
«Es evidente que la comunidad musulmana francesa ha sido la principal víctima de medidas excepcionales, tanto durante el estado de emergencia como en el marco de la nueva ley, además de otras medidas antiterroristas», dijo, y puso como ejemplo de violación contra el ejercicio de la libertad religiosa el cierre de mezquitas.
Ní Aoláin destacó que es “profundamente alarmante” el hecho que se considere a la comunidad musulmana como una comunidad sospechosa a través de la aplicación continua y generalizada de una ley antiterrorista.
«No cabe duda de que el Estado está legitimado para imponer restricciones para garantizar el orden público, pero cuando las medidas antiterroristas producen efectos profundos, continuos y potencialmente desproporcionados en el disfrute de los derechos humanos y las libertades civiles se produce un claro punto de inflexión hacia la excepcionalidad”, resaltó.
La relatora destacó la labor realizada en Francia en favor de las víctimas del terrorismo y las medidas establecidas para prevenir la radicalización de la violencia en las cárceles y los centros educativos.
Ni Aolain visitó Francia del 14 al 23 de mayo por invitación del Gobierno de ese país.
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