Ciudad de México.- Madres y padres de las niñas y niños víctimas del incendio de 2009 en la guardería ABC revelaron que para atender a las familias el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró diversos medicamentos y servicios con sobreprecios, lo que podría ser un caso de corrupción y fraude del gobierno.
Este 16 de mayo el director general del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, presidió una reunión en la ciudad de Hermosillo con madres y padres afectados por la muerte o por las lesiones de sus hijas e hijos, como consecuencia de un incendio en la estancia infantil subrogada por el IMSS, denominada Guardería ABC, caso que ocurrió en junio de 2009.
Al terminar la reunión, integrantes de los diversos grupos que se han organizado con las familias afectadas coincidieron en que la reunión fue “más de lo mismo” pues cada año al acercarse un aniversario más del incendio, en el que murieron 49 niñas y niños menores de cuatro años, los buscan para reunirse con ellos.
Sin embargo, en esta ocasión descubrieron un sobreprecio en las facturas de numerosos medicamentos y servicios que fueron canalizados a través del Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales (CAICE), creado por el IMSS para atender a las familias del caso ABC.
Las familias conocieron que el Centro, que brinda atención médica, psicológica y de gestión para todas las personas afectadas por el incendio de la estancia subrogada por el IMSS, separó de su cargo a la administradora, Marcela Fimbres, para iniciar una investigación al respecto.
Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, niño fallecido en el incendio expresó que todos los años realizan reuniones similares en donde nunca se resuelve nada y en esta ocasión no fue la excepción.
Es por ello que insistió en la aplicación de la Ley que Regula la Prestación de Servicios Para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el estado de Sonora, conocida como “Ley 5 de junio”.
Duarte Franco dijo que a pesar de que se trabajó en una ley para proteger a la infancia y siendo Hermosillo la ciudad donde murieron tantas niñas y niños por omisión y negligencia privada y estatal, la normatividad aún no se observa.
La ley General de Prestación de Servicios Para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se publicó el 24 de octubre de 2011, mientras que la ley estatal fue publicada el 18 de julio de 2013.
No obstante a la normatividad vigente, la respuesta del director del IMSS fue “que lo va a ver”. Nada concreto, ningún compromiso, indicó Patricia.
Denunció que el Movimiento 5 de junio, colectivo que fundó, es integrante del Consejo consultivo facultado en la Ley 5 de junio para asistir a las reuniones con las instancias de gobierno que lo conforman, por tanto se han percatado de que el representante del IMSS no acude a las reuniones.
“Uno de los responsables de la muerte de nuestros hijos no acude a las reuniones del Consejo”. Eso es lo que les importa la aplicación de la Ley 5 de junio.
Juanita Luna Hernández, madre de Jonathan Jesús de los Reyes Luna, niño fallecido en el incendio comentó que en el encuentro con el director general del IMSS, Tuffic Ortega, no se llegó a ningún acuerdo o compromiso, pues todos los años sucede lo mismo en vísperas del 5 de junio.
Comentó que la reunión sirvió más bien para enterarse de los malos manejos que se hicieron en el CAICE, razón por la cual una funcionaria que se desempeñaba como administradora ha sido separada del cargo.
Desafortunadamente nos enteramos de actos ilícitos que se han cometido en CAICE, como son facturas y costos de medicamentos elevados al triple, lamentó.
Luna Hernández comentó que pensó que la reunión era para revisar las irregularidades que se dan en el servicio que se presta en la atención subrogada a madres y padres ABC. Sin embargo, la información que se ventiló no tenía que ver con la salud ni de ellas, ni de los niños.
Anunció que empezarán a revisar minuciosamente sus expedientes para corroborar si los costos de medicamentos y servicios en las facturas se “sobrefacturaron”.
Ejemplificó que una pomada que cuesta sesenta pesos, la facturaban en seiscientos, sin que las madres estuvieran enteradas, por lo que consideró que se podría hablar de un posible fraude millonario, a costa del servicio creado especialmente para las familias ABC.
El fraude fue descubierto por uno de los grupos, según informó el abogado de 32 familias, Miguel Nava, quien narró que fue a través de solicitudes de información que pudieron percatarse de la anomalía.
Las peticiones de información fueron hechas con la finalidad de dar seguimiento al proceso de reparación del daño y poder estimar así lo correspondiente por ese rubro.
Sin embargo, lo que descubrieron fue una irregularidad consistente en la utilización fraudulenta de facturas con los costos alterados, por servicios y productos para las familias afectadas.
De ahí que presentaran su inquietud ante la dirección del IMSS y pidieran la investigación, ya que es incuantificable hasta la fecha el monto de lo facturado como extra a los precios reales.
A casi nueve años de la muerte de estas niñas y niños la justicia no llega. Lejos de eso, consideraron las familias, lo que se reafirma es el lucro por las muertes por parte de la institución que debería velar por el bienestar de las familias afectadas y por la salud de las y los menores de edad que quedaron lesionados de por vida.
Al director del IMSS no se le pudo cuestionar ya que al término de la reunión salió por la puerta de atrás. Las madres y padres no creen que la administradora haya actuado sola, por lo que esperan que se sanciones a más responsables. El IMSS les sigue debiendo, dijeron. (CIMAC NOTICIAS)
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