OPINIÓN

EN EL TINTERO

Por

28 marzo, 2018

JESSICA ROSALES

DESDE LA TUMBA

Uno de los problemas más recurrentes a los que se enfrenta el Instituto Nacional Electoral es la negativa de los ciudadanos para participar como funcionarios de casilla. Se ha hablado mucho si se les entrega un incentivo económico, incluso alguna vez se planteó la posibilidad de aplicar un castigo a quien no acepte para evitar que rechacen la invitación.

Al final se estableció que el ciudadano está en su derecho de aceptar o no participar activamente en estos procesos, lo ideal sería que lo hicieran, pero desafortunadamente cada vez confían menos en la legalidad de las jornadas electorales.

Pero hay otra parte de la historia que, sin duda, desalienta la participación del ciudadano y genera más desconfianza. El asunto es que esto es provocado tanto por los ciudadanos como por las instituciones responsables de organizar una elección.

Resulta que en Coahuila, en específico el municipio de Piedras Negras, se detectó el caso de una señora inscrita en el padrón de insaculados del Instituto Nacional Electoral. Se trata de Emérita Flores Pérez quien aunque quisiera no podría estar en las casillas no sólo en este sino en ningún proceso electoral, simple y sencillamente, porque murió hace nueve años.

La incertidumbre es que quien lo detectó no fue el organismo electoral sino los ciudadanos y posiblemente capacitadores que lo denunciaron a través de diversos medios de comunicación. ¿Cuántos casos más de este tipo habrá en Coahuila? ¿Cuántos en el país?

Se sabe que en la elección pasada se encontraron en esta entidad alrededor de 70 nombres de ciudadanos fallecidos desde hace varios años, cuyos datos no habían sido depurados del padrón, y no solamente estaban en posibilidades de ser funcionarios de casilla sino que podían votar ¿Desde la tumba?

Seguramente estos ciudadanos al ver el panorama nacional y el pleito que se traen los candidatos presidenciales se volverían a morir de ver además la desorganización de las instituciones electorales.

Estas son tan solo algunas de las anécdotas que reportan algunos capacitadores y asistentes electorales, que al acudir a los domicilios para entregar algunas notificaciones se encuentran con los familiares de fallecidos a quienes no les queda de otra, más que comprobar la situación con la copia del acta de defunción.

Lástima que las personas que está considerando el INE no sean aptas para este trabajo porque están bien muertos. Una de dos, o cambian la fecha de la elección al 2 de noviembre el “Día de Muertos” o se ponen a trabajar y exigen al Registro Civil que notifique constante y eficazmente de las defunciones para evitar también fraudes electorales. ¿Usted qué opina?