Ciudad de México.- La cobertura periodística sobre temas vinculados a los derechos y la condición de las mujeres implica amenazas, agresiones, encarcelamiento y hasta el asesinato de las y los reporteros por parte de grupos religiosos, criminales y gobiernos autoritarios.
Así lo reveló el informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, que elaboró la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) a propósito de la conmemoración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.
Basado en testimonios de decenas de periodistas en más de 20 países, RSF registró entre 2016 y 2017 más de 60 casos de violación de los derechos de las y los periodistas a causa de las investigaciones que realizaban sobre la condición de las mujeres. El número de agresiones se eleva a 90 si se contabiliza desde 2012, lo que demuestra que a partir de 2016 la violencia se incrementó.
El reporte reveló diversos casos en los que las y los periodistas fueron agredidos: “una redactora en jefe fue asesinada por haber denunciado una política sexista; un reportero fue encarcelado por haber difundido una entrevista a una víctima de violación; una periodista fue agredida por recordar que las mujeres tenían derecho a tener acceso a toallas sanitarias; y una bloguera fue amenazada en línea por haber criticado la representación de las mujeres en los videojuegos”.
Otros datos: más de la mitad de las y los reporteros contabilizados en el informe sufrieron ciberacoso, y el resto sufrió agresiones verbales, físicas o en línea (28 por ciento); encarcelamiento (13.4 por ciento) y hasta asesinato (12.2 por ciento).
En el caso del ciberacoso –señaló el informe- todos los ataques en línea estaban dirigidos a mujeres periodistas. Esto demuestra una tendencia: las mujeres periodistas reciben en promedio tres veces más comentarios “inapropiados o insultantes” que sus colegas cuando cubren estos temas.
De acuerdo con RSF, las personas agresoras pertenecen a distintos sectores, entre ellos los grupos religiosos, organizaciones criminales, y gobiernos “autócratas”, cuyo principal objetivo es la censura de los medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres o sobre su actuación en contra de la vida y la libertad de ellas.
En el caso de los grupos religiosos, son los grupos provida y los islámicos radicales quienes ejercen las peores formas de violencia en contra de las y los periodistas.
Sin embargo, los gobiernos autoritarios fueron identificados en muchos casos como los principales agresores. Este es el caso de Irán, que acostumbra encarcelar a las periodistas feministas. Un ejemplo es el de la periodista Mansoureh Shojali, que desde hace más de 17 años denuncia la discriminación y las agresiones que sufren las mujeres. Su última comparecencia ante un juzgado fue en 2009, cuando la acusaron de “hacer publicidad contra el régimen” por colaborar con sitios web feministas. Ahora vive en el exilio desde donde sigue trabajando a favor de las mujeres.
Además, dice RSF, la responsabilidad de los Estados en esta violencia es mayor si se considera que la declaración de políticas contrarias a los derechos de las mujeres hizo propicio un contexto cada vez más adverso para quienes cubren estos temas.
Ejemplo de ello es que en 2017 estallaron las protestas en Estados Unidos contra los discursos sexistas del presidente Donald Trump; en 2016, en Polonia se presentó en el parlamento un proyecto de ley para prohibir el aborto, que estaba autorizado desde 1993 bajo ciertas condiciones.
Asimismo, en Irak se presentó en el parlamento una reforma legislativa que pone en entredicho los derechos de las mujeres, pues busca reducir la edad legal para que contraigan matrimonio.
MÉXICO: INCUBADORA DE PELIGROS
En el caso de México, los grupos religiosos, los provida, el crimen organizado y los altos niveles de violencia contra las y los periodistas en el país fueron identificados por RSF como elementos que incrementan los riesgos contra quienes cubren temas sobre los derechos de las mujeres.
“México es el país más peligroso de América Latina para los periodistas y el segundo a escala mundial. El grado de violencia que vive el país es comparable al de Siria o Irak, indica el Balance 2017 de RSF”. A esto se suma que “son numerosos los políticos que no desean que los periodistas aborden temas relativos a los derechos de las mujeres”, dice el informe.
En su reporte, la RSF relata como caso emblemático el asesinato a manos presuntamente del crimen organizado en 2017 de la periodista Miroslava Breach, quien, entre otros temas, investigó el feminicidio en Ciudad Juárez. En esa entidad –documentó la organización internacional- también se han registrado agresiones contra las periodistas Lydia Cacho, Marta Durán de Huerta y Patricia Mayorga, quienes también investigaron sobre la violencia feminicida.
LA IMPUNIDAD COMO COMÚN DENOMINADOR
Para RSF, el acceso a la justicia para las y los periodistas agredidos por el ejercicio de su profesión es clave para evitar que las cifras se sigan elevando y que se limite la cobertura sobre los derechos de las mujeres.
De acuerdo con los testimonios, la mayoría de los casos de asesinato de periodistas que relata este informe quedaron impunes, muchos de ellos porque no se abrieron carpetas de investigación, no se fincaron responsabilidades en contra de los responsables, o porque, como en el caso de Miroslava, los avances han sido “pocos e insuficientes”. Esta impunidad prevalece como un patrón en todos los países donde la violencia contra periodistas va en aumento, incluso a pesar de los diversos llamamientos que ha hecho RSF a los Estados.
De acuerdo con la organización, las consecuencias de esta violencia contra las y los periodistas es que abandonen los medios, se desplacen a otros países o redoblen sus esfuerzos para seguir cubriendo estos temas y defender la libertad de expresión.
Como resultado, en el Estado Islámico hay provincias enteras donde no hay mujeres periodistas, mucho menos periodistas que denuncian abusos contra las mujeres. El desplazamiento forzado es otra consecuencia: RSF registró que desde 2012, entre uno y dos periodistas han optado por el exilio por razones de seguridad en Afganistán (1), México (2), Colombia (1), Honduras (1), Yemen (1), Bangladesh (1) e Irán (1). Los efectos también son que las y los periodistas piensen dos veces antes de trabajar temas vinculados a la condición de la mujer.
Sin embargo, muchos periodistas se niegan a dejar de escribir sobre estos temas e inician un largo camino de defensa a favor de su derecho a informar: presentan denuncias contra las autoridades, hacen frente a las amenazas, o buscan “artificios” para presentar la información con ángulos y enfoques que no sean tan directos.
Tras documentar diversos testimonios de agresiones y de resistencia, la RSF propuso en su informe una serie de recomendaciones. A las redacciones les recomienda dar más espacio y difusión a los temas relacionados con los derechos de las mujeres, sensibilizar a las y los periodistas, o crear un dispositivo de emergencia interno; a las y los periodistas les propone: evaluar los riesgos, velar por la protección de las fuentes, y trabajar en equipo.
Asimismo, RSF urgió a los Estados a respetar sus obligaciones vinculadas a la libertad de expresión; erradicar la violencia contra las y los periodistas; erradicar la impunidad en la que prevalecen los actos de violencia contra periodistas; y crear dispositivos de reparación del daño cuando se violan los derechos de las y los periodistas, en específico de quienes cubren temas relacionados con las mujeres. (CIMAC NOTICIAS)
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