Ciudad de México.- Entre 2010 y 2017, fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas mujeres en México, cinco de ellas, en el último año, y los principales agresores son las empresas privadas, en el caso de los megaproyectos; y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de la comunidad LGBTTTI.
Estos son algunos de los datos que el Relator especial de la ONU sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, presentó en su informe final sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y que fue resultado de su visita a México del 16 al 24 de enero 2017 donde se reunió con autoridades estatales y federales, organizaciones de la sociedad civil y más de 800 personas defensoras de la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.
El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, pues además existe un gran número de defensoras que han sufrido intentos de asesinatos y ataques como violencia sexual o campañas de difamación.
Mencionó que en el caso de las mujeres de Atenco, quienes lucharon contra la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en 2006 y sufrieron tortura sexual por parte de policías estatales y federales durante los operativos de mayo de 2006 en el Estado de México, o en el de la defensora María Luisa García Andrade, de Ciudad Juárez, habrían sufrido numerosas amenazas y ataques contra su integridad.
El 29 de junio, 2017, la defensora de derechos laborales Meztli Omixochitl Sarabia fue asesinada en su oficina en Puebla, y una defensora en Tamaulipas fue baleada 12 veces, presuntamente por su trabajo de investigación relacionado con las desapariciones en el estado y los Zetas.
El Relator consideró que desafiar al patriarcado y la misoginia deriva en la violencia contra las mujeres que puede darse dentro de su propia familia o comunidad, y que los impactos psicológicos pueden ser graves, hasta el síndrome de estrés postraumático y aislamiento social.
El Relator se mostró muy impactado por las altas cifras de defensoras que vivieron discriminación por parte de agentes estatales y que tuvieron dificultades al pedir protección. Lamentó que “la impunidad es a su vez causa y consecuencia de la inseguridad de defensoras y defensores en México”.
En las recomendaciones del informe al Estado mexicano, Forst aseveró que “no habrá una mejora notable de la situación de defensoras y defensores mientras continúe la impunidad abundante. El éxito en la lucha contra la impunidad depende de si se superan los retos de la corrupción, el crimen organizado y la militarización de la seguridad pública.”
Si bien aplaudió la creación del Mecanismo de Protección para personas defensoras de DH y periodistas -bajo el cual habrían sido registradas 368 personas defensoras, y 260 periodistas a la fecha de su visita- observó que éste no termina de ser una herramienta efectiva toda vez que la ayuda llega tarde, fragmentada y no toma en cuenta las necesidades de la víctima.
Consideró importante que exista personal femenino para atender por ejemplo los efectos de violencia sexual, y que el personal del Mecanismo se capacite con enfoque de género, así como que el Estado lo dote de recursos suficientes para poder cumplir con su cometido.
También recomendó que a propósito del aniversario de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos que se conmemora en diciembre, sea un buen motivo para que el gobierno mexicano demuestre interés en el tema e inicie una campaña a favor de las personas defensoras, así como convocar a una Cumbre que haga de la defensa de los DH una prioridad nacional. (CIMAC NOTICIAS)
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