InicioOPINIÓNDOS VISIONES DEL CONTROL CONSTITUCIONAL

DOS VISIONES DEL CONTROL CONSTITUCIONAL

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación lleva varias semanas intensificando un debate que, aunque parece técnico, tiene consecuencias muy concretas para nuestros derechos: ¿cómo debe revisar un juez constitucional si una ley respeta la Constitución?

Que los ministros discutan es una buena noticia. Hace algunos años, en un artículo titulado La Suprema Corte y su polémico fallo sobre productos plásticos (Juego de la Suprema Corte, 2022), escribí: “La homogeneidad por sí misma no es mala, pero puede estar sucediendo lo siguiente: o hay homogeneidad ideológica o le restaron importancia al tema”.

Por eso resulta saludable observar diferencias de criterio en el máximo tribunal. Un ejemplo es la discusión sobre la geolocalización de teléfonos en tiempo real.

El problema giró alrededor del artículo 183, fracción I, de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que dice lo siguiente:

Artículo 183. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados que determine la Comisión, deberán: I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales, en los términos que establezcan las leyes.

La pregunta era aparentemente sencilla: ¿esa disposición es compatible con la Constitución? Para responder es necesario responder otra pregunta ¿qué significa exactamente que la geolocalización se realice en los términos que establezcan las leyes?

Para la ministra Ríos, la disposición simplemente obliga a las empresas telefónicas a colaborar con las autoridades cuando exista una ley que lo permita. Otros ministros consideraron a esa disposición como un permiso demasiado amplio para localizar teléfonos. Por ello, consideraron necesario dejar claro que las autoridades también deben respetar los controles del artículo 16 constitucional.

Imaginemos que una fiscalía solicita a una compañía telefónica la ubicación de un ciudadano. ¿Basta con que una ley permita solicitar esa información o también debe justificarse que la medida respeta las garantías constitucionales de privacidad? Esa es, en esencia, la preocupación que estaba detrás de la discusión.

Lo interesante es que la diferencia no necesariamente estaba en el resultado, sino en el camino para llegar a él. Unos consideraban suficiente confrontar la norma con la Constitución, pues este método ofrece certeza jurídica y elimina la posibilidad de valoraciones subjetivas o de las preferencias ideológicas de quien juzga. Otros estimaban necesario examinar, mediante el test de proporcionalidad, con mayor profundidad cómo puede afectar la norma a los derechos fundamentales y dejar expresamente establecidos sus límites. En otras palabras, unos privilegiaban la certeza en la aplicación del derecho; otros, un examen más detallado de las razones que justifican sus posibles restricciones. En este caso, por caminos diferentes, ambas posiciones confirmaron la constitucionalidad de la fracción.

Nota cultural

Detrás de esta discusión hay un debate clásico de la filosofía del derecho: ¿basta con determinar si una norma pertenece válidamente al sistema jurídico y respeta las normas superiores o, además, debemos examinar si las restricciones a los derechos están justificadas?

La primera preocupación suele relacionarse con el positivismo jurídico, tradición en la que encontramos autores como Hans Kelsen, H. L. A. Hart y Joseph Raz. Desde distintas perspectivas, estos pensadores estudiaron la validez del derecho, sus fuentes y la estructura del sistema jurídico.

La segunda pregunta nos acerca a las discusiones sobre principios y derechos fundamentales. Ronald Dworkin cuestionó que los casos difíciles pudieran resolverse atendiendo únicamente a reglas. Posteriormente, Robert Alexy desarrolló una de las teorías más influyentes sobre la ponderación y el principio de proporcionalidad.

Por supuesto, sería simplificar demasiado afirmar que cada ministro representa una escuela filosófica determinada. Tampoco el positivismo contemporáneo está reñido necesariamente con el uso de principios o del test de proporcionalidad. Pero la discusión permite reconocer dos preocupaciones fundamentales del constitucionalismo: que las leyes respeten la Constitución y que las restricciones a nuestros derechos estén debidamente justificadas.

Y ahora sí, estimado lector: ¿qué considera más adecuado para controlar el poder de las autoridades? ¿Un método que privilegie la certeza jurídica mediante la confrontación directa de las leyes con la Constitución o uno que examine, además, las razones y la proporcionalidad de las medidas que pueden afectar nuestros derechos? Al final, ambas metodologías buscan algo fundamental: evitar que el poder se ejerza arbitrariamente.

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