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Darán en Coahuila hasta 20 años de prisión a quienes vandalicen instalaciones de agua potable

El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para sancionar los daños intencionales a infraestructura hídrica y servicios públicos esenciales que afecten su funcionamiento.

Durante la sesión del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este jueves, se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura sobre una iniciativa para modificar el Código Penal de la entidad, con el objeto de dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces para prevenir, sancionar y combatir conductas que vulneren la continuidad operativa de la infraestructura de agua potable.

La modificación, planteada por la diputada local del PRI Olivia Martínez Leyva, permitirá castigar de oficio aquellos actos que afecten el funcionamiento de dichas instalaciones, protegiendo así la seguridad urbana, la resiliencia de los sistemas públicos y la protección del interés colectivo.

En ese sentido, se establece la aplicación de seis años y ocho meses hasta 20 años a quienes, de manera dolosa, dañen, destruyan, inutilicen, sustraigan o altere el funcionamiento de infraestructura hídrica o de servicios públicos esenciales, cuando dicha conducta produzca la interrupción, restricción, disminución o afectación del suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, energía eléctrica, la recolección, traslado, tratamiento o disposición final de residuos.

El dictamen señala que cuando una persona daña una bomba de agua o sabotea un sistema de distribución hídrica, no solo afecta el patrimonio del organismo operador, sino que afecta simultáneamente a cientos o miles de usuarios que quedan privados de un bien de primera necesidad, con consecuencias graves para la salud pública, la convivencia comunitaria y la dignidad de las personas, especialmente de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes son los grupos más vulnerables ante la escasez de agua.

Agrega que el hecho de tipificar el sabotaje a la infraestructura hídrica como delito autónomo envía un mensaje claro de que en Coahuila, el agua no es una mercancía cuya distribución pueda ser perturbada impunemente, toda vez que se trata de un derecho de toda persona, y en ese sentido, el estado tiene la obligación de defenderlo con todos los instrumentos jurídicos a su alcance, proteger la infraestructura que garantiza el acceso al agua es proteger la integridad, la salud y la dignidad de las generaciones presentes y futuras de Coahuila. (ÁNGEL AGUILAR)

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Ángel Aguilarhttp://elheraldodesaltillo.mx
Reportero de El Heraldo de Saltillo con reconocida trayectoria en radio y prensa escrita en el estado de Coahuila.
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