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INE: primero lo debilitan, después le recortan

México se aproxima a una de las elecciones más complejas de su historia con un Instituto Nacional Electoral sumido en una crisis institucional ocasionada, en buena medida, por el oficialismo, sus decisiones y sus acciones.

En 2027 deberán renovarse la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Sin embargo, mientras aumentan sus responsabilidades, el INE enfrenta investigaciones por presunta corrupción, una presidencia provisional y nuevas restricciones presupuestales.

La bancada oficialista en la Cámara de Diputados acaba de aprobar un recorte de 6 mil millones de pesos respecto del presupuesto propuesto para 2027. Morena y sus aliados sostienen que el Instituto puede organizar las elecciones con menos recursos. Pero una cosa es exigir eficiencia administrativa y otra reducir el presupuesto sin demostrar públicamente que estarán protegidas las tareas esenciales de organización, capacitación y fiscalización electoral.

El escándalo de Guadalupe Taddei agrava esta situación. Su renuncia ocurrió después de revelarse presuntas irregularidades en contrataciones y conflictos de interés que, se supone, ya investigan las autoridades. La responsabilidad de quienes participaron deberá determinarse conforme a la ley. Pero también corresponde examinar las decisiones políticas que facilitaron la concentración del poder dentro del Instituto.

Conviene recordar algunos antecedentes. Taddei llegó a la presidencia mediante un sorteo realizado en la Cámara de Diputados en 2023. Un año después, la mayoría legislativa de Morena impulsó una reforma que le permitió nombrar unilateralmente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, prescindiendo de la aprobación del Consejo General. Así se debilitaron contrapesos internos que debieron preservarse.

Ahora, desde el oficialismo se insiste en que su designación fue producto del azar y se señalan responsabilidades de administraciones anteriores. Investigar todas las irregularidades es indispensable. Lo que resulta injustificable es ignorar las decisiones legislativas recientes que contribuyeron a modificar el funcionamiento del INE. Es del oficialismo el creador de las condiciones que posibilitaron la presunta corrupción de Taddei, y allí están registrados los hechos en el Congreso.

Ahora bien, el peligro es que la crisis de corrupción termine utilizándose para justificar nuevas intervenciones sobre su autonomía. Los recortes presupuestales, la concentración de facultades y las disputas por los nombramientos deben analizarse conjuntamente, porque pueden alterar el equilibrio institucional antes de una elección decisiva.

La salida exige investigaciones independientes, nombramientos transparentes, restitución de controles colegiados y una evaluación técnica del presupuesto que garantice las funciones electorales. También requiere una vigilancia ciudadana mucho más activa.

El INE necesita corregir sus irregularidades, no perder su independencia. Su autonomía no es un privilegio de los consejeros ni una concesión del gobierno: es una garantía de los ciudadanos frente a todos los partidos, especialmente frente a quienes ejercen el poder.

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