La iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone garantizar autonomía técnica, operativa y presupuestaria a la Fiscalía Anticorrupción, además de modificar el procedimiento de designación y remoción de su titular.
La iniciativa que busca fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción plantea otorgar blindaje constitucional a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), para garantizar su autonomía técnica y el acceso a recursos presupuestarios.
La propuesta, presentada por el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, establece que, para ser eficaz, la fiscalía necesita contar con un marco de actuación previsto en la Constitución.
«Esta propuesta parte de una premisa institucional: los asuntos de corrupción suelen involucrar redes de poder público, intereses económicos relevantes, contratación pública, recursos presupuestarios, decisiones administrativas complejas y posibles vínculos con estructuras políticas», indica.
La modificación al artículo 102 constitucional establece que la Fiscalía Anticorrupción será un órgano de la Fiscalía General de la República (FGR), con autonomía técnica, operativa y de gestión para investigar y perseguir los delitos de su competencia.
También tendrá acceso directo a la información de las instituciones públicas relacionada con las investigaciones de combate a la corrupción.
«Contará con suficiencia presupuestaria, anteproyecto presupuestario propio e identificación programática dentro del presupuesto de la Fiscalía General de la República, en los términos que establezca la ley», señala la propuesta.
A diferencia del esquema actual, en el que la persona titular de la FGR designa a quien encabeza la Fiscalía Anticorrupción, con la posibilidad de una eventual objeción del Senado, la iniciativa plantea que el nombramiento corresponda a la Cámara Alta, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a partir de una terna enviada por la persona titular de la FGR.
«La persona titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción durará siete años en el cargo, sin posibilidad de ser designada para un nuevo periodo», establece la propuesta.
Quien encabece esa fiscalía solo podrá ser removido por una causa grave prevista en la ley. El procedimiento deberá incluir una solicitud fundada, garantía de audiencia, posibilidad de ofrecer pruebas, audiencia pública y un dictamen motivado, además de la aprobación del Senado por mayoría calificada.
«Este diseño evita dos riesgos opuestos: por un lado, la remoción discrecional por razones de oportunidad política o administrativa; por el otro, la permanencia inmune frente a negligencia grave, obstrucción de investigaciones, violaciones constitucionales, conflicto de interés o comisión de delitos. La remoción calificada asegura que la separación del cargo sea posible, pero excepcional y jurídicamente controlada», argumenta la iniciativa.
De acuerdo con los artículos transitorios, la actual fiscal, María de la Luz Mijangos, permanecería al frente de ese órgano ministerial hasta que se designe a una nueva persona titular conforme a las reglas propuestas.
Dentro del paquete de iniciativas también se plantea establecer en la Ley de la Fiscalía General de la República una fiscalía especializada en el combate al robo, contrabando y comercialización ilícita de hidrocarburos.
El nuevo órgano ayudaría a investigar esos delitos con mayor eficacia y a reducir las pérdidas, estimadas en al menos 20 mil millones de pesos anuales por tomas clandestinas, además de las generadas por el contrabando, señala el documento.
«La Fiscalía General inició aproximadamente 44 mil carpetas de investigación por delitos en materia de hidrocarburos entre 2019 y 2024, y 4 mil 904 solo entre enero y julio de 2025, concentradas en Puebla, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León y Baja California.
«El contraste entre denuncia y sanción es el dato central: entre 2019 y julio de 2025 la empresa pública contabilizó 6 mil 560 personas detenidas por robo de hidrocarburos frente a 172 personas sentenciadas en instancias federales o locales, y las sentencias registradas pasaron de 215 en 2018 a 12 en 2023 y a 2 en 2024», expone el documento. (Agencia Reforma)
