La diputada María Guadalupe Oyervides Valdez presentó una iniciativa para que la legislación de Coahuila reconozca como violencia contra las mujeres las conductas que pretendan causarles daño, aun cuando la afectación no llegue a consumarse, con el propósito de fortalecer la prevención y la protección de sus derechos.
La propuesta plantea reformar el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la incorporación de la expresión “pretenda causarles” dentro de la definición de violencia.
Con este cambio, se busca incluir cualquier acción o conducta basada en el sexo que cause o pretenda causar la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
La iniciativa fue presentada con la ponencia de Oyervides Valdez y el respaldo de integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD. Su lectura se realizó el 27 de octubre de 2026 y fue turnada a la Comisión de Igualdad y No Discriminación para su análisis.
En la exposición de motivos se señala que la protección institucional no debe depender exclusivamente de que una agresión produzca consecuencias materiales o daños irreparables, sino que también debe contemplar aquellas conductas encaminadas a provocarlos.
El documento sostiene que limitar la definición de violencia al resultado de una conducta puede propiciar interpretaciones que retrasen la intervención de las autoridades hasta que las afectaciones sean evidentes. Por ello, propone ampliar el alcance de la disposición para favorecer una actuación preventiva.
Asimismo, precisa que reconocer la intención de causar daño no implica eliminar los elementos necesarios para acreditar una conducta ni establecer sanciones automáticas. El objetivo es evitar que la protección jurídica quede condicionada únicamente a la consumación de una afectación.
Como parte de su justificación, la iniciativa cita los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021, elaborada por el INEGI, según los cuales el 70.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más había experimentado alguna situación de violencia a lo largo de su vida.
Para Coahuila, el documento refiere que la prevalencia pasó de 66.3 por ciento en 2016 a 72.3 por ciento en 2021, un incremento de seis puntos porcentuales que, de acuerdo con la argumentación presentada, refuerza la necesidad de revisar los mecanismos legales de protección.
La propuesta también busca armonizar la legislación estatal con la definición contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, cuya reforma de enero de 2026 es citada como antecedente.
De acuerdo con el proyecto, la modificación permitiría dar mayor coherencia a ambos ordenamientos y fortalecer la obligación de prevenir conductas que vulneren los derechos de las mujeres. En caso de ser aprobada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.


