“No podemos permitir que una empresa legal sea tratada como si fuera parte del crimen organizado” señala el diputado del PAN
Ciudad de México.- Mientras México necesita producir más, construir más, sembrar más y generar más empleos, miles de empresas viven con la incertidumbre de que transportar el diésel que utilizan para operar su propia maquinaria pueda convertirse en motivo para detener una obra, inmovilizar un vehículo o incluso enfrentar acusaciones propias del robo de combustible.
Ante esta realidad, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó un Punto de Acuerdo para exigir a las autoridades federales reglas claras que distingan, de una vez por todas, a los verdaderos delincuentes de las empresas que trabajan dentro de la ley.
“Combatir el huachicol es una obligación del Estado. Pero perseguir a quienes compran combustible legalmente para alimentar una excavadora, un tractor o una máquina industrial no fortalece la seguridad; únicamente castiga la productividad”.
La propuesta plantea que la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente emitan criterios técnicos simplificados para otorgar un permiso especial a las empresas que trasladan entre 30 y 5,000 litros de combustible exclusivamente para abastecer maquinaria y equipo utilizado en sus procesos productivos.
Actualmente, sectores como la construcción, el campo, la minería y numerosas actividades industriales dependen diariamente del traslado de diésel para mantener en funcionamiento su maquinaria. Sin embargo, la ausencia de una regulación específica provoca incertidumbre jurídica, abre espacios a interpretaciones discrecionales y genera condiciones propicias para abusos durante las inspecciones.
Marcelo Torres explicó que la propuesta responde directamente a las inquietudes expresadas por organismos empresariales y productivos de La Laguna, quienes han solicitado reglas claras que permitan trabajar con seguridad jurídica, sin afectar el combate al robo de combustibles.
El legislador recordó que las sanciones previstas para presuntas irregularidades pueden alcanzar multas millonarias e incluso penas de prisión, aun cuando muchas empresas únicamente trasladan combustible adquirido legalmente para consumo propio y no realizan ninguna actividad comercial relacionada con hidrocarburos.
Por ello, además del permiso especial, el Punto de Acuerdo solicita establecer criterios uniformes para las inspecciones y definir claramente la diferencia entre quienes comercializan combustibles y quienes únicamente los transportan para autoconsumo operativo, evitando detenciones arbitrarias, paralización de obras y afectaciones económicas.
Marcelo Torres adelantó que este Punto de Acuerdo forma parte de una estrategia legislativa más amplia y que, en las próximas semanas, presentará una iniciativa de reforma legal para incorporar estas garantías de manera permanente en la legislación federal, atendiendo las demandas planteadas por los distintos sectores productivos del país.
“Escuchamos a quienes producen, invierten y generan empleo. La ley debe darles certeza, no miedo. Vamos a seguir impulsando las reformas necesarias para que combatir el crimen nunca signifique obstaculizar a quienes hacen crecer a México”. (El Heraldo de Saltillo)
