El pase turístico de NL: una medida improvisada
El llamado “pase turístico” que impulsa el gobierno de Nuevo León, que preside Samuel García Sepúlveda, vuelve a colocar sobre la mesa una vieja discusión en México: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno estatal en nombre de la movilidad, la seguridad o el control vehicular sin vulnerar derechos constitucionales?, legalmente ¿está permitido?.
La propuesta, que pretende obligar a los automovilistas con placas foráneas a tramitar un permiso para circular por Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, ha despertado una ola de cuestionamientos no solamente entre ciudadanos de estados vecinos como Coahuila, sino también entre legisladores y especialistas en derecho constitucional.
Aunque el gobierno estatal ha intentado presentar la medida como un mecanismo de ordenamiento vial y control vehicular rumbo al Mundial FIFA 2026, la realidad es que miles de personas que diariamente se trasladan entre Saltillo y Monterrey por trabajo, estudios, atención médica o negocios, ven esta iniciativa como una barrera burocrática innecesaria.
La principal preocupación radica en el posible choque de esta medida con el Artículo 11 de la Constitución Mexicana, el cual establece que toda persona tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional sin necesidad de cartas de seguridad, pasaportes o requisitos semejantes. Precisamente por ello, diversas voces han advertido que un “permiso” para ingresar o circular en un estado podría abrir un precedente delicado para el federalismo y las libertades individuales.
No es casualidad que la inconformidad haya crecido rápidamente en entidades vecinas. En Saltillo, ciudadanos entrevistados por medios regionales rechazaron la medida al considerar que afecta directamente su vida cotidiana, especialmente porque la relación económica y laboral entre Coahuila y Nuevo León es prácticamente metropolitana.
A ello se suma otro punto preocupante: hasta ahora no han quedado claras las sanciones para quienes no tramiten el pase, ni tampoco el sustento jurídico completo que permita justificar una medida de esta naturaleza. Lo único que se ha adelantado es que el permiso sería digital, gratuito y condicionado a contar con licencia, seguro y pagos vehiculares vigentes.
El problema de fondo es político y social. Nuevo León ha construido durante décadas una imagen de motor económico del norte del país gracias precisamente a la apertura comercial, industrial y laboral con estados vecinos. Imponer filtros administrativos a quienes llegan de otras entidades manda una señal equivocada: la de un estado que comienza a cerrarse sobre sí mismo.
Más allá de la intención gubernamental de mejorar la movilidad o reforzar controles, la medida corre el riesgo de convertirse en un instrumento recaudatorio, discrecional o incluso de hostigamiento para automovilistas foráneos. Y en un país donde históricamente las revisiones vehiculares han sido señaladas por abusos y corrupción, el temor ciudadano no resulta exagerado.
La movilidad metropolitana entre Monterrey, Saltillo y otras ciudades del noreste no puede entenderse bajo fronteras estatales rígidas. Miles de trabajadores, estudiantes y empresarios cruzan diariamente esas carreteras como parte natural de una dinámica regional integrada. Pretender regular ese flujo mediante permisos especiales parece más una medida improvisada que una solución de fondo a los problemas de tráfico y contaminación que enfrenta Nuevo León.
El debate apenas comienza, pero deja una advertencia importante: ningún objetivo administrativo debe colocarse por encima de los derechos constitucionales. Porque cuando un ciudadano necesita un permiso para circular libremente dentro de su propio país, la línea entre regulación y restricción comienza peligrosamente a desdibujarse.
Buen fin de semana, la frase: No hables, actúa. No digas, demuestra. No prometas, cumple. ¡Ánimo!
X:_hreyes
