El Estado dedicado a la protección del falso mesías
En México ya no basta con gobernar: ahora también hay que administrar el relato. Y si algo ha perfeccionado el lopezobradorismo es el uso de las instituciones no sólo para ejercer el poder, sino para blindar la imagen del líder, aunque en el camino se desgaste la credibilidad del propio Estado.
Ahí está Infodemia, el supuesto proyecto de “verificación” del Sistema Público de Radiodifusión. En teoría, un árbitro de la conversación pública; en la práctica, un instrumento para desmentir lo que incomoda y validar lo que conviene. Miles de contenidos “verificados” después, el patrón es evidente: defensa sistemática del oficialismo y ataque recurrente a voces críticas. Y cuando la realidad desmiente al verificador —como en el episodio de la mujer tomando el sol en Palacio Nacional— la rectificación llega tarde, cuando el daño ya está hecho. Verifican… pero sólo en un sentido, porque mentir lo asumen como algo bueno, cuando ellos son los mentirosos.
El mismo libreto se repite cuando los casos rozan al círculo cercano. El video de Pío López Obrador recibiendo dinero no bastó: la autoridad encontró la forma técnica de cerrar el expediente. Legalmente impecable, políticamente demoledor. El mensaje para los ciudadanos es brutalmente claro: hay pruebas que, dependiendo de quién sea el protagonista, simplemente no alcanzan.
Con el llamado “huachicol fiscal” ocurre algo similar. Se investiga, sí, pero con cuidado quirúrgico de no escalar demasiado. Se detiene a operadores, se señalan intermediarios, pero la línea nunca cruza hacia donde realmente dolería. Se combate el delito… sin incomodar la narrativa.
Y cuando el escándalo ya no se puede ocultar, aparece el sacrificio del operador. El caso de Hernán Bermúdez Requena lo ilustra bien: se actúa cuando el costo de no hacerlo es mayor, pero nadie responde por haberlo puesto ahí. Responsabilidades penales, quizá; responsabilidades políticas, nunca.
No se trata de exigir gobiernos perfectos. Se trata de algo más elemental: que las instituciones no funcionen como escudo de una sola persona. Cuando los medios públicos se usan para descalificar, cuando los órganos autónomos parecen doblarse y cuando la justicia se queda a unos pasos de la cúpula, el Estado deja de ser árbitro y se convierte en defensor.
México necesita instituciones que protejan la verdad, no reputaciones. Porque cuando el prestigio de un solo hombre vale más que la credibilidad del Estado, lo que está en juego ya no es un gobierno… es la democracia misma.
