La decisión de General Motors de ajustar su operación en la planta de Ramos Arizpe y prescindir de alrededor de 1,900 empleos volvió a encender las alertas en el sector industrial mexicano. Aunque la empresa explicó el movimiento como una transición productiva ligada a la demanda, el recorte ocurre en medio de una coyuntura binacional adversa, marcada por tensiones políticas, comerciales y de seguridad entre México y Estados Unidos.
El fondo del problema es político y tiene nombre y apellido. Desde la llegada de Morena al Gobierno Federal, México ha sido señalado reiteradamente por autoridades y líderes estadounidenses como un país con descontrol institucional y captura territorial del crimen organizado. A inicios del año pasado y nuevamente este año, Donald Trump afirmó públicamente que México es un país gobernado por el narco, incapaz de garantizar seguridad, legalidad y certidumbre. Estas declaraciones no surgieron de la nada: se sustentan en récords históricos de homicidios, expansión de la extorsión y una política de “abrazos, no balazos” que debilitó al Estado y envió una señal inequívoca de riesgo a los inversionistas.
A esta crisis de seguridad se suma un deterioro económico provocado por decisiones erráticas del Gobierno de Morena: confrontaciones constantes con Estados Unidos, choques con las reglas del T-MEC, mensajes hostiles al capital privado, incertidumbre jurídica y una política exterior que ha mostrado simpatía con regímenes autoritarios, como el de Nicolás Maduro. Todo ello ha ido minando la confianza de empresas internacionales que evalúan dónde producir, invertir o recortar costos, y que hoy ven a México como un entorno inestable y poco confiable.
El incumplimiento en el combate al narcotráfico, la falta de resultados en seguridad y las fricciones abiertas con integrantes del gabinete estadounidense han elevado el costo país. En este contexto, las empresas norteamericanas comienzan a ajustar operaciones, a despedir trabajadores y a replantear inversiones ante el temor de sanciones, aranceles, presiones regulatorias o simples rupturas en la relación bilateral. (AGENCIAS)
