En los últimos 15 días se han liberado a alrededor de 200 personas con cargos por delitos menores
Con el fin de despresurizar los Centros Penitenciarios de Coahuila, en los últimos 15 días se ha otorgado la libertad anticipada a alrededor de 200 personas privadas de su libertad (PPL), quienes pagaban condenas por delitos menores, informó Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila.
El programa, implementado por las autoridades judiciales y penitenciarias, busca no solo mejorar las condiciones de los internos que permanecen en reclusión, sino también agilizar la reinserción social de quienes cumplen con los criterios para acceder a este beneficio.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, se estima que al cierre de este 2025 sean liberadas casi 500 personas bajo esta modalidad, con lo que se avanzará de manera significativa en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria.
“Estamos haciendo un programa, en conjunto con el fiscal del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que vimos en la Mesa de Seguridad que coordina el señor gobernador, y entonces en esta coordinación efectiva que tenemos, nos ha pedido el Ejecutivo Estatal la revisión y despresurización de los penales; ya llevamos alrededor de 200 liberaciones de asuntos de personas que podrían tener algún beneficio, que se tratan de preliberaciones”, señaló Mery Ayup.
“Nuestro objetivo es llegar a casi 500 personas para tener un control muy efectivo de los penales en el estado. Son cosas muy simples que tiene qué ver, a lo mejor, con posesión para consumo, algunos delitos no graves o personas que ya han compurgado una pena y ya son adultos que superan los 70 años, en ese tipo de casos es que se analizan”, abundó.
PRESUPUESTO 2026
Por otra parte, el Poder Judicial que encabeza Mery Ayup, presentó una solicitud de presupuesto anual de mil 420 millones de pesos para el ejercicio 2026. De aprobarse por el Congreso de Coahuila, estos recursos permitirán robustecer la impartición de justicia en Coahuila mediante mejoras en infraestructura, personal y procesos administrativos, indicó el entrevistado.
“Entregamos un presupuesto, autorizado por el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal, por mil 420 millones de pesos. En los últimos años, el Poder Judicial, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez, ha tenido un presupuesto de mil 300 millones en números cerrados”, apuntó.
“Estamos solicitando estos recursos por varias razones, la puesta en marcha de la Ciudad Judicial, que es algo muy importante para el desarrollo de la justicia en el estado, sobre todo en la capital, y la construcción de nuevas oficinas en la ciudad de Torreón, en relación a la justicia civil, familiar y mercantil, además de la inclusión de más juezas y jueces y funcionarios que se requieren para un mejor servicio”, finalizó. (OMAR SOTO)
