COMPETENCIA Y COOPERACIÓN

Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.

Riesgo Sistémico de la Deuda Pública de México

 Por: Mtro. Jesús Javier González Alcázar

Al cierre de marzo de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó al Congreso de la Unión, mediante los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que el saldo de la Deuda Neta Total del Sector Público Federal ascendió a 17.66 billones de pesos. Aunque este dato podría parecer solo una cifra más, su análisis profundo revela importantes focos rojos en el manejo financiero del país.

Entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, la deuda pública neta total creció 7.11 billones de pesos, un incremento del 67.4%. Más allá de la magnitud de este crecimiento, su composición y destino permiten advertir que existe un riesgo sistémico, pues amenaza la sostenibilidad fiscal del Estado. Al cierre de 2024, la deuda equivalía al 52% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 43% que representaba en diciembre de 2018. Asimismo, la deuda alcanzó en 2024 el 233% de los ingresos presupuestarios del sector público, cuando en 2019 comprometía el 203%, es decir, una proporción cada vez mayor de los ingresos públicos se destina al pago de intereses, desplazando recursos para salud, educación, infraestructura productiva o seguridad.

El componente interno de la deuda ha crecido rápidamente, pasando de 5.7 billones de pesos en 2018 a 12 billones en marzo de 2025, lo que implica un aumento del 110%. Este crecimiento se ha concentrado principalmente en instrumentos de corto plazo, como Bonos, Cetes y Bondes, lo cual expone al país a constantes riesgos de refinanciamiento. Si las condiciones financieras cambian de forma abrupta, ya sea por aumentos súbitos de tasas de interés o por pérdida de liquidez por caída de la confianza en el país, el servicio de la deuda podría encarecerse considerablemente y obligar al gobierno a tomar medidas de emergencia como recortes drásticos al gasto o aumentos de impuestos.

A lo anterior hay que añadir la baja calidad del gasto público que se ha orientado a gasto corriente, particularmente en programas sociales sin evaluación, subsidios clientelares y megaproyectos de baja rentabilidad, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Mientras tanto, la inversión física presupuestaria se ha mantenido por debajo del 3% del PIB, cifra inferior al costo financiero de la deuda. Esto significa que la deuda no genera retornos suficientes para pagarla en el futuro, generando una dinámica perversa en la que el país se endeuda cada vez más para sostener un gasto estructural que no estimula el crecimiento económico.

Por otra parte, las empresas productivas del Estado, especialmente PEMEX y CFE, representan un pasivo contingente de gran magnitud, sus pasivos netos crecieron de 482 mil millones a 722 mil millones de pesos. En particular, PEMEX arrastra pasivos cercanos a 2 billones de pesos.

La deuda externa también creció de forma significativa, al pasar de 3.7 a 4.57 billones de pesos, dentro de ésta, sobresale la deuda de organismos públicos, como PEMEX, con más de 1.9 billones de pesos, cabe destacar que este tipo de pasivo está expuesto a riesgos cambiarios y al aumento de tasas internacionales, lo que eleva su vulnerabilidad y volatilidad.

Estos datos contradicen el discurso de que el país no se ha endeudado y que el gasto público ha sido productivo o redistributivo. Sin una reforma fiscal progresiva, sin reglas fiscales firmes y sin mecanismos de evaluación y control independientes, la deuda seguirá creciendo en un entorno de bajo crecimiento económico y sin sostenibilidad ni solvencia. La falta de reglas fiscales vinculantes y de evaluaciones independientes del impacto del gasto público debilita la credibilidad de la política fiscal. Esto podría traducirse en una baja en la calificación crediticia, mayores tasas de interés y fuga de capitales, afectando no solo al gobierno, sino a toda la economía nacional.

Urge un diálogo serio sobre las finanzas del país. La retórica de que “no hay endeudamiento” solo debilita la transparencia, fomenta la autocomplacencia y reduce los contrapesos institucionales. Es imprescindible fortalecer la conciencia fiscal y no sabotear el debate sobre la realidad económica. Los datos duros están a la vista: en los hechos, hay un endeudamiento creciente, opaco y riesgoso.

 

*El autor es presidente del Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.