Al periodista Jorge Luis González Valdez se le procesa en Campeche por “incitación al odio”; el juez ordenó el cierre del periódico Tribuna y también vinculó a proceso a quien funge como representante de Organización Editorial del Sureste. A González Valdez, de 71 años de edad y 50 en el periodismo, se le prohibió ejercer su profesión y se le embargaron bienes para garantizar el supuesto daño moral.
El de Campeche no es un hecho aislado. Por todo el país se multiplican las acciones de represión a periodistas y medios de comunicación. Al gobierno y a Morena les molesta la crítica y les envalentona el discurso de odio que López Obrador instaló en contra de la prensa. La construcción narrativa del tabasqueño incluyó una buena dosis de injurias, denuestos y hasta una consciente actitud de asumirse como víctima, lo que lo llevó a compararse con Madero.
En Tamaulipas se armó un proceso en contra de Héctor de Mauleón y el periódico donde escribe. Una importante funcionaria local acudió a los tribunales de esa entidad para silenciar la voz del periodista e intelectual; la amenaza: prisión y cuantiosa multa. Otro grupo de articulistas nacionales son perseguidos por uno de los historiadores oficiales del régimen; su “pecado”: criticarlo y, según él, dañar su prestigio. Es común saber de la cancelación de publicidad gubernamental a editoriales incómodas. Los gobernadores de Morena siguen el ejemplo, o la orden, y con ello, la práctica se replica por todo el país.
En días pasados, el Congreso de Puebla aprobó una ley que castiga con cárcel a quienes, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación, injurien, ofendan, agravien o vejen. La pena es de hasta tres años de prisión y la redacción es tan amplia y confusa que se presta a múltiples interpretaciones y atropellos. La Red de Periodistas de Puebla y la organización Artículo 19 se inconformaron, al considerar que la legislación es restrictiva de las libertades. Desde la llegada de Morena a la entidad, se ha generalizado la persecución a empresarios, informadores y opositores.
López Obrador instauró la práctica de destruir los medios; la estrategia incluye desde asfixiarlos en sus finanzas hasta descalificarlos y llenarlos de adjetivos. En las principales cadenas nacionales de radio y televisión dejaron de aparecer más de 35 opinadores de prestigio. Por otra parte, las estaciones y canales oficiales se usan para ponderar y alabar al régimen. Nada es casualidad, y las cosas van a mayores. En los próximos días y en un procedimiento legislativo relámpago, el régimen aprobará 22 leyes, entre las cuales se incluye la ley censura y la militarización de la seguridad. En términos del tabasqueño: “Tendremos leyes que ni Mussolini”. El régimen sabe que pronto va a quebrar y requiere de los aparatos ideológicos del Estado.
