Buscan evitar que una carpeta de investigación mal integrada puede dar paso a la impugnación e impunidad.
Ciudad de México.- Las diputadas federales del PRI exhortaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos para que, de forma inmediata, realice las diligencias necesarias para la debida integración de la carpeta de investigación SC01/9583/2024, relacionada con el desafuero del legislador Cuauhtémoc Blanco.
Al proponer un Punto de Acuerdo, urgente y de obvia resolución, señalaron que la carpeta desechada esta semana en el Pleno cameral, integrada por la Fiscalía, contaba con vicios legales, falta de objetividad y problemáticas que afectan los principios fundamentales del sistema penal acusatorio.
Las legisladoras priistas pidieron a la Fiscalía que lleve a cabo los trámites legales que resulten procedentes para el ejercicio de la acción penal que corresponda, con la debida fundamentación y motivación, para garantizar de manera efectiva el Pleno acceso a la justicia de la víctima.
Además, exigen que se envíen todas las carpetas relacionadas, incluyendo las que refieren daño al erario público o relación con el firmen organizado, o en su caso que la gobernadora explique la situación.
Advierten la necesidad de preservar el principio de legalidad que debe existir en cualquier procedimiento de naturaleza penal, pues de permitirse la existencia de vicios legales, estos pueden dar paso a la impugnación y la impunidad.
Aseguraron que en el Grupo Parlamentario del PRI están a favor de las víctimas y por eso se debe cuidar que los procedimientos legales se realicen conforme a derecho; solo así, indicaron, se logrará que las personas agresoras enfrenten la justicia.
Recordaron que el principio del debido proceso es fundamental para garantizar el desarrollo de un proceso penal y que cualquier violación a los derechos humanos puede derivar en que se tenga que reponer la investigación.
Insistieron en que la Fiscalía de Morelos realice los trámites necesarios a efecto de que en el marco de la legalidad y conforme a los principios constitucionales se pueda integrar una carpeta de investigación que permita brindar justicia a las víctimas.
Además, que cumpla con los procedimientos legales que emanan del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuidar la igualdad de partes y los derechos de los imputados y de las víctimas establecidos en el artículo 20 constitucional apartados B y C. (EL HERALDO)
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