Bruselas, Bélgica.- La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, advirtió este 19 de marzo que el tribunal “necesita el apoyo de la Unión Europea para sobrevivir en los próximos años”, tras las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, y aseguró que esas medidas afectan ya a su trabajo y crean incertidumbre entre el personal.
En una intervención ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Akane subrayó que la CPI “necesita que la UE modifique el estatuto de bloqueo para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses” porque, según la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, cualquiera que coopere con personas en su lista podría ser sancionado, incluidas las ONG.
El “estatuto de bloqueo” de la UE, establecido en 1996, es una normativa que busca proteger a empresas y ciudadanos europeos de las sanciones extraterritoriales de otros países, asegurando que puedan operar sin verse afectados por leyes que la UE considera contrarias al derecho internacional. La CPI solicita que este estatuto se adapte para proteger también a sus funcionarios y colaboradores de las sanciones estadounidenses (emitidas por su investigación de los crímenes de Israel en Palestina), permitiéndoles continuar con su labor.
Algunas empresas europeas ya han dejado de trabajar con la CPI debido a un “cumplimiento excesivo” de las sanciones impulsadas por Trump, aseguró Akane, que también lamentó que el personal está “abandonando la Corte por miedo a la impredecibilidad de lo que podría suceder” en el futuro aseguró la presidenta de la CPI.
La orden ejecutiva de Trump está abierta a posibles nuevas designaciones, lo que hará que la Corte también tenga dificultades para pagar salarios; transferir dinero a sus oficinas sobre el terreno; o viajar para llevar a cabo investigaciones.
“Nunca cederemos, y la Corte ha tomado medidas para prepararse contra las sanciones y limitar, en la medida de lo posible, los efectos de las sanciones en sus actividades. Pero es evidente que la Corte no va a poder sobrevivir por sí sola”, agregó.
La CPI logró la semana pasada el arresto del expresidente filipino Rodrigo Duterte por el crimen de lesa humanidad de asesinato en su guerra contra las drogas en Filipinas, y tiene más de treinta órdenes de arresto que incluyen al dirigente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra en Ucrania y Palestina, respectivamente.
A medida que las sanciones sigan afectando la labor de la CPI, la presidenta pidió a la UE que no permita que el tribunal se vea debilitado, ya que ello podría significar un abandono de las víctimas y de la justicia internacional. (EL HERALDO)
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