Columna de El Colegio de Economistas de Coahuila, A.C.
Gobernanza: ¿solución o riesgo de captura del Estado?
Por: Mtro. Jesús Javier González Alcázar
En el debate de la ciencia política, pocos temas mantienen tanta relevancia como los modelos de organización del Estado, particularmente la Gobernanza y la Democracia. En el contexto actual de nuestro país, la discusión cobra aún más importancia debido a la urgente necesidad de encontrar soluciones a problemáticas estructurales como la corrupción.
Robert Klitgaard, en su libro Controlling Corruption (1988), propuso un modelo en el que la corrupción es más probable cuando se combinan el monopolio y la discrecionalidad en la toma de decisiones, sin un sistema efectivo de rendición de cuentas. Esto se relaciona con la teoría del Principal-Agente, donde la sociedad (principal) delega en el gobierno (agente) la gestión de políticas públicas. Sin embargo, cuando el agente actúa en función de intereses privados o personales en lugar del interés general, el sistema se vuelve susceptible a la corrupción.
Irma Sandoval Ballesteros amplía este análisis al señalar tres factores estructurales clave que facilitan la corrupción: el abuso de poder, la impunidad y la falta de participación ciudadana. Ella plantea que una mayor democracia política y económica, con mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, puede contribuir a reducir estos riesgos.
Es en este punto donde el modelo denominado Gobernanza Democrática parece ofrecer respuesta a estos problemas ya que se ha promovido como un mecanismo para fortalecer la participación ciudadana y reducir la corrupción. Rodolfo Canto en su artículo Gobernanza y democracia De vuelta al río turbio de la política (2012), señala que Rhodes (1996) define la gobernanza como un sistema de redes autoorganizadas que complementan o incluso sustituyen al gobierno tradicional, mientras que Kooiman (2003, 2004) plantea el concepto de gobernanza interactiva, donde el poder se distribuye entre múltiples actores, fomentando la cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Desde esta perspectiva, la gobernanza parece ofrecer una vía para fortalecer la participación y reducir la corrupción al diversificar los espacios de toma de decisiones. Sin embargo, no está exenta de riesgos.
Desde la óptica de la teoría de la elección pública y el nuevo institucionalismo económico, la gobernanza puede facilitar la captura del Estado por parte de grupos organizados con intereses específicos. Si ciertos actores, como asociaciones empresariales, organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales asumen roles de cogobernar junto con el Estado, pueden terminar influyendo en las políticas públicas, promoviendo agendas particulares en detrimento del interés general.
La gobernanza puede convertirse en una arena donde las élites económicas y políticas moldean la dirección del Estado, desplazando la voz de los ciudadanos comunes. Lejos de fortalecer la democracia, este modelo podría facilitar mecanismos de influencia poco transparentes, como el lobby oculto, donde actores privados logran influir en las decisiones públicas sin la vigilancia ciudadana.
Ante estos riesgos, considero, desde un punto de vista muy personal, que es pertinente volver a los fundamentos, revisar enfoques clásicos de la administración pública. En The Study of Administration (1887), Woodrow Wilson abogó por la profesionalización del servicio público a través de un servicio civil basado en el mérito, la imparcialidad y el compromiso con el interés general. Su visión se complementa con Paul Appleby, quien en Government is Different (1945) enfatizó que la administración pública debe diferenciarse del sector privado, ya que, a diferencia de las empresas que buscan maximizar ganancias, el gobierno debe garantizar el bienestar colectivo.
En un contexto donde se promueve la participación ciudadana en la gestión pública, es crucial evitar que esta dinámica derive en la captura del Estado por grupos de interés. Más que sustituir el papel del gobierno, se debe fortalecer la profesionalización de los servidores públicos, garantizar su independencia de presiones externas y consolidar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Así, en lugar de caer en soluciones que podrían agravar el problema, la lucha contra la corrupción debe centrarse en construir instituciones sólidas, con servidores públicos comprometidos con el interés general y con una ciudadanía que, lejos de ser manipulada, tenga un verdadero acceso a la vigilancia de la toma de decisiones.
Nota: el autor es presidente del Colegio de Economistas de Coahuila
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