En su último informe anual, la Oficina de la ONU dedicada a monitorear las garantías fundamentales insta al Gobierno nicaragüense a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente y a restablecer el espacio cívico en el país, lo que incluye el cese de la persecución y la restitución de las organizaciones de la sociedad civil.
Ginebra, Suiza.- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló este martes en su último informe sobre Nicaragua que la situación de las garantías fundamentales “ha seguido deteriorándose gravemente” y que el Gobierno “ha ampliado e intensificado progresivamente” la persecución de los opositores o de quienes son percibidos como voces disidentes.
“Seguimos profundamente preocupados por el constante y generalizado retroceso de la situación de derechos humanos en Nicaragua”, señaló el director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Christian Salazar Volkmann detalló que hasta julio este año, 141 personas -116 hombres y 25 mujeres-, seguían siendo víctimas de detenciones arbitrarias, según informes de la sociedad civil.
El informe anual indica que existe un “esfuerzo sistemático” por desmantelar las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que defienden los derechos de las mujeres, lo que exacerba la represión de las voces disidentes y la restricción del espacio cívico.
Amenazas a familiares y destierro forzado
Además de la arbitrariedad de las privaciones de libertad, la crueldad de los malos tratos y la tortura, Salazar advirtió que el hostigamiento se ha extendido a los familiares de los detenidos, a quienes se les prohíbe hablar sobre los casos, bajo amenazas de perder el derecho a visitas o de encarcelar a otros familiares.
“Instamos al Gobierno a que libere de inmediato a todas las personas que aún están privadas arbitrariamente de su libertad y a que garantice la protección de sus derechos y de sus familias contra toda persecución”, dijo Salazar al respecto.
Entre junio de 2023 y junio de este año, período que cubre el informe, al menos 62 nicaragüenses fueron impedidos de regresar al país. “Este destierro forzado tiene un impacto devastador, ya que les deja en una situación de apatridia de facto, lejos de sus familias y sin protección de sus derechos, profundizando su vulnerabilidad”, añadió el director.
Restricción del espacio cívico y persecución religiosa
Durante el período que cubre el informe, el Gobierno canceló “arbitrariamente” la personalidad jurídica 303 organizaciones de la sociedad civil. En agosto de este año fueron canceladas 1500. Así, el total de organizaciones disueltas desde 2018 asciende a más de 5 mil.
En este sentido, Salazar señaló que ese “desmantelamiento progresivo del tejido social del país deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales y a muchas más sin empleo, lo que afecta sus medios de vida, y exacerba la crisis social y económica en Nicaragua”.
El director también advirtió del cierre de un total de 1103 organizaciones religiosas desde 2018, lo que formaría parte de una “persecución religiosa”.
También hubo detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantías, secuestros de sacerdotes en sus parroquias, expulsiones del país y confiscaciones de bienes, indicó Salazar.
Recomendaciones
En las recomendaciones finales del informe, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al Gobierno a garantizar y proteger los derechos humanos de todos los nicaragüenses, dentro y fuera del país, liberando a los detenidos arbitrariamente y poniendo fin a los actos de tortura y malos tratos.
También pidió que se modifique la legislación penal relacionada con las personas privadas de libertad para garantizar su plena compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Respecto a la restricción del espacio cívico, Türk instó a las autoridades a que adopten todas las medidas necesarias para restablecer los espacios cívicos y democráticos, lo que incluye el cese de la persecución y el restablecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
También solicitó la derogación o modificación de las legislaciones que sean incompatibles con las obligaciones del país en materia de derechos humanos, incluyendo la Ley número 977 contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
No hay independencia judicial
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua* señaló en su última actualización que el poder se concentra cada vez más en las manos del presidente y la vicepresidenta y los ciudadanos “no tienen a quién recurrir en busca de justicia y rendición de cuentas”.
“Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”, afirmó el presidente del Grupo, Jan-Michael Simon, añadiendo que las “continuas violaciones están dejando sectores enteros de la población en un estado de indefensión”.
El organismo también denunció las detenciones arbitrarias y la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier oposición, así como la toma forzosa de las universidades por parte del Estado.
Por otra parte, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sufren “continuas violaciones graves de los derechos de libre autodeterminación y de derechos territoriales”. “Sus líderes y activistas son perseguidos sistemáticamente por el Estado por defender sus derechos”, añadió Simon. (ONU NOTICIAS)
* El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Establecido en marzo de 2022, tiene la tarea de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
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