En el marco del debate sobre la Reforma en el Poder Judicial, la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS) organizó un panel de Diálogo Ciudadano en el que participaron destacados representantes de diversos sectores. El evento, que contó con la presencia de presidentes de cámaras y organismos empresariales, jueces del Consejo de la Judicatura Federal, y representantes de sindicatos de trabajadores, se enfocó en la creciente preocupación sobre los posibles efectos de la reforma aprobada recientemente en lo general por la Cámara de diputados.
Durante el panel, Esthela Pedroza Díaz, Juez Primero de Distrito en Coahuila, con residencia en Saltillo, expresó su inquietud ante los cambios propuestos. Señaló que, inicialmente, no se percibía el riesgo que ahora parece inevitable: “El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una serie de iniciativas, incluyendo la reforma judicial. En ese momento, en el Poder Judicial de la Federación no teníamos tanta alarma, porque para lograr una mayoría calificada en el Congreso era casi imposible. Sin embargo, el 2 de junio se ganó por parte de Morena la presidencia de la república y, además, se consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados”, manifestó.
Pedroza Díaz también resaltó la necesidad de preservar la legitimidad del Poder Judicial: “El Poder Judicial no puede estar basado simplemente en una mayoría democrática formal. Mientras que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden ser elegidos democráticamente, el Poder Judicial busca y tiene su legitimación en sus resoluciones, aplicadas conforme a la Constitución y la ley”.
Por su parte, José Luis Jasso Cruz, Coordinador Jurídico de la CROC, se pronunció en contra de la reforma, advirtiendo sobre sus implicaciones para los trabajadores y la estabilidad laboral: “La postura del sector trabajador es rotunda. Nosotros nos pronunciamos en contra de esta reforma porque no solo atenta contra los derechos de los trabajadores, sino también contra la paz laboral que tanto nos ha costado mantener en este estado”. Jasso Cruz reiteró su disposición a movilizarse: “Como ya lo dijeron nuestros compañeros jueces, vamos a salir a las calles porque es un derecho y una obligación ciudadana levantar la voz contra esta reforma”.
Desde el ámbito empresarial, el Ing. Eduardo Garza Martínez, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, subrayó que el desarrollo del país está directamente vinculado con el sector privado: “El desarrollo del país no lo crea el gobierno con sus programas de bienestar. El desarrollo proviene del esfuerzo de la iniciativa privada y de cada mexicano. Atentar contra esto es muy peligroso, ya que se pone en riesgo el futuro de nuestras familias y de Coahuila”.
Por su parte, el Ing. Alejandro Pepi de la Peña, presidente de CANACO Saltillo, reflexionó sobre las expectativas que la sociedad tenía respecto a la reforma judicial: “La sociedad mexicana buscaba una reforma que transformara al Poder Judicial en una entidad moderna y funcional, capaz de atender las necesidades del presente con la mirada puesta en el futuro. Lamentablemente, el proyecto que está en trámite de validación en el Senado dista mucho de lo que las partes involucradas esperaban”.
Finalmente, el Ing. Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, externó su preocupación sobre el riesgo de politización del Poder Judicial con la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros.
“Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la propuesta de elegir directamente a jueces mediante voto popular. Esto introduce un riesgo significativo de politización, comprometiendo la imparcialidad judicial. Desde Coparmex proponemos que, en lugar de la elección popular, se fortalezca la carrera judicial mediante un sistema basado en el mérito y la formación continua”, expuso.
López Villarreal hizo un llamado a los legisladores para ampliar el diálogo y escuchar todas las voces antes de aprobar la reforma: “Es fundamental que cualquier reforma al Poder Judicial se aborde con la seriedad que la situación amerita, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la certeza jurídica necesaria para la estabilidad del país”.
El evento concluyó con un consenso entre los asistentes sobre la importancia de un análisis profundo y responsable antes de proceder con cualquier cambio en el sistema judicial. (EL HERALDO)
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